En el marco de la represión desatada contra los manifestantes por el gobierno de Gerardo Morales al reprimir la protesta social frente a la Legislatura jujeña que, justamente, trata cambios en la Constitución provincial que tienen que ver con el derecho a manifestarse. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la violencia.
El artículo 67 catalogado “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica”, fue y es resistido por organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales que argumentan que restringe el derecho a la protesta social. En cambio, el gobierno jujeño dijo que volvería atrás con la reforma de dos artículos, el 36 y el 50, referidos al derecho de la propiedad privada y a la preexistencia de las comunidades originarias.
Un total de 12 organizaciones jurídicas y sociales emitieron un comunicado conjunto sobre la violencia en Jujuy cuestionando que “avanzar con la reforma conducirá inevitablemente a su inmediata impugnación en sede judicial ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, lo que comprometerá la responsabilidad del Estado argentino ante el sistema internacional de promoción y protección de derechos humanos”. Y presentaron una carta a la Convención Constituyente de Jujuy.
En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la violencia con un comunicado en su sitio web en el cual "observó observa con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver a las protestas en la provincia de Jujuy en Argentina, una de las provincias con mayor población indígena auto reconocida. La CIDH llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios".
Ellas son: ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales), AADI (Asociación de Abogadas/os de Derecho Indígena), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas - CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial), ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Amnistía Internacional Argentina, Avaaz, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo), Consciente colectivo, ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) y SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia).
Los puntos destacados por todas las entidades firmantes son:
- La suspensión de la reforma constitucional aprobada y la habilitación de un proceso de diálogo que permita establecer un mecanismo participativo para la sanción de la reforma parcial de la Constitución.
- Se detengan los operativos de represión policial sobre las manifestaciones que están teniendo lugar en distintos puntos de la provincia.
- Se informe sobre el paradero de todas las personas detenidas.
- Se desarrollen las medidas necesarias para liberar a todas las personas detenidas por ejercer el derecho a la protesta.
- Se investiguen las actuaciones policiales en todas las protestas sucedidas en la provincia.
- Se aseguren todas las condiciones de atención de las personas heridas y se convoque a los órganos especializados para la atención de niños, niñas y adolescentes.
En este sentido, la entidad que nuclea magistrados de todo el país, presidida por “Machi” Ruiz, emitió anoche un comunicado repudiando la represión y la violencia en las calles de Jujuy cuando se aprobaban los cambios a la Constitución provincial rechazada por organismos sociales y de derechos humanos. La entidad que nuclea jueces y juezas la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) , a través del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Jujuy, emitió un duro comunicado anoche cuestionando la “preocupación por la situación que atraviesa” la provincia y destacando que “un Estado Constitucional de Derecho nos impone el rechazo a cualquier tipo de violencia” a pocos meses de cumplirse “40 años de democracia sin interrupciones”. “La democracia debe defenderse activando todos los mecanismos institucionales para la resolución conflictos”, anunció la FAM presidida por Marcela “Machi” Ruiz.
Declaración de la AAJ ante una nueva crisis institucional y represión en la provincia de Jujuy.#ddhh #estadodederecho pic.twitter.com/I7znHDow9O
— Prensa AAJ Argentina (@aajargentina) June 20, 2023
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— FAM (@FAMyFJ) June 20, 2023
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