Se realizó el habitual plenario de consejeros el pasado jueves en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo estuvo encabezado por el presidente del Consejo, Francisco Quintana, y por la vicepresidenta primera, Genoveva Ferrero. En ese marco, se abordaron distintos puntos de la agenda diaria con cambios internos y en uno de los fueros porteños.
La orden del día fue remitida por la Secretaría de Legal y Técnica, que estableció la aprobación de la modificación del reglamento del fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, con respecto de la modificación para el funcionamiento de la Cámara, tanto en competencias como también en sus integrantes.
Uno de los temas centrales, fue la adhesión e implementación de la Ley N° 27.709, llamada Ley Lucio, la cual dictamina la capacitación obligatoria en materia de niñez y la actuación vinculada a la Feria Judicial Invernal 2023.
En el plenario se realizó un sentido homenaje a Cristina Lara, jueza de 1° Instancia del fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, que lamentablemente falleció la semana pasada.
Otro de los puntos fue la aprobación para declarar de interés el XI Encuentro Ítalo Argentino de Profesores de Derecho Administrativo, el convenio específico con el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, que integra la adhesión a la carga en una lista única de las víctimas de violencia de género, y el convenio marco y específico con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de Provincias Argentinas y CABA (Ju.Fe.Jus).
En ese marco, se aprobaron los convenios específicos con la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad de San Isidro Dr. Plácido Martin y la Universidad del Salvador, los cuales impulsan el desarrollo de acciones conjuntas en materia de capacitación e investigación. Asimismo, hubo luz verde para la actuación sobre la Interpretación de la Lengua de Señas Argentina, estipulada en la Ley 27710, y será incorporada a las diferentes acciones y encuentros del Consejo, y se modificó de la Ley de Compras y Contrataciones de la CABA.
Según el Consejo se informó, además, sobre el trabajo impulsado por la vicepresidenta primera, Genoveva Ferrero, en conjunto con el Observatorio de la Discapacidad, en la modificación de la Ley de compras y contrataciones de la CABA –Ley 2.095–, que había sido ya aprobada la semana pasada en la Legislatura porteña.
En la modificación del texto legislativo se añadió una preferencia para aquellas empresas que contraten en sus nóminas mujeres, personas con discapacidad, mayores o personas jurídicas que hayan obtenido certificados que respondan a criterios sociales. Dicho aspecto pone a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como pionera en la región en el desarrollo de estas políticas públicas, que también se replican en otros países como Estados Unidos, Cánada, Reino Unido, Sudáfrica y Malasia.
De este modo, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad y el Poder Judicial porteño en su conjunto se posiciona como un ejemplo que puede ser replicado, tanto en otros poderes como así también en empresas, para que los trabajadores con discapacidad puedan acceder al empleo y que también las empresas puedan ser puestas como prioritarias si cumplen con los requisitos normativos aprobados.
Cabe destacar, que también estuvo presente la vicepresidenta segunda, Fabiana Schafrik y los consejeros Ana Salvatelli, Alberto Biglieri, Julia Correa, Rodolfo Ariza Clerici, Javier Concepción y Jorge Rizzo. De igual forma, asistió la secretaria de Administración General y Presupuesto, Clara Valdez, la secretaria de Innovación, Silvia Bianco, la secretaria de Coordinación de Políticas Judiciales, Gisela Candarle. Otra de las presencias fue la del secretario de Apoyo Administrativo y Jurisdiccional, Sergio Gargiulo, el secretario de Planificación, Mariano Heller, el secretario ejecutivo, Gabriel Rodríguez Vallejos, la secretaria de Asuntos Institucionales, Ana Casal y el secretario de Legal y Técnica, Mauro Goncalves.
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