Con una foto conjunta, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, firmaron este martes 27 de junio en el salón Carrasco de la Municipalidad rosarina un Convenio de Cooperación y Colaboración para combatir la criminalidad organizada, como el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos de origen ilícito.

Según fuentes del MPF, el acuerdo tiene como principal objetivo “la coordinación de esfuerzos interinstitucionales para desarrollar e implementar acciones conjuntas de cooperación e intercambio de la información para abordar los fenómenos criminales del tráfico de estupefacientes y del lavado de activos de origen ilícito”.

El convenio establece que la municipalidad brindará a las fiscalías que integran el MPF la información con la que cuente el Sistema de Control Económico Financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo (SISCEF) y su autoridad de aplicación, que es la Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo.

 

 

La comuna también pondrá a disposición la información que se le requiera surgida del Sistema de Captación y Procesamiento de imágenes para la Detección Electrónica de Infracciones (SICIDEI) que, mediante cámaras de vigilancia y conteo, así como cinemómetros, realiza la lectura en tiempo real de la patente de los vehículos automotores captados, junto a la fecha y hora exacta, la localización georeferenciada y la dirección de la incidencia.

En el acuerdo se estableció que la información solicitada por las fiscalías al SICIDEI y al SISCEF será brindada con la máxima prioridad posible, de manera ordenada y sistematizada. En este marco, la Municipalidad de Rosario cedió un inmueble para que la PROCUNAR y la PROCELAC puedan desarrollar desde allí las labores vinculadas a las competencias que tienen asignadas.

En representación del Ministerio Público Fiscal también estuvieron presentes el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel; la subdirectora de la secretaría de Coordinación Institucional, Maria Teresa Bertotto; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias; el auxiliar fiscal de este organismo Matias Scilabra; y los cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Laura Roteta y Diego Velasco. Por la Municipalidad de Rosario asistieron el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago; el secretario de Modernización y Cercanía, German Giró; la subsecretaria legal y técnica, Juliana Conti; y la titular de la Agencia contra el Lavado de Activos de Origen Delictivo, María Paula Bruera.

El convenio, que ya entró vigor, tendrá una duración de dos años y se prorrogará automáticamente por periodos iguales sucesivos.

En este marco, la MPF también celebró un acuerdo con la Aduana. La Dirección General de Aduanas, en el marco de su plan estratégico en la lucha contra el narcotráfico, inauguró la Oficina de Unidad Operativa del Puerto de Rosario que será parte del Programa de Control de Contenedores impulsado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Se trata de una alianza a nivel nacional e internacional para profundizar la lucha contra el crimen organizado y efectuar un mayor control del comercio exterior.

En la inauguración de esta importante oficina, además de Guillermo Michel, estuvieron presentes el coordinador del programa de control de contenedores en Argentina, Nicolás Benza; la agregada política de la Embajada de EE.UU. Jessica Kuhn; los fiscales del PROCUNAR, Diego Iglesias y Matías Scilabra; el juez federal nº3 de Rosario, Carlos Vera Barros; el juez federal Nº 1 de Rosario, Gastón Salmain; el juez federal de Victoria, Federico Martin, el juez del Tribunal oral Nº1, Omar Paulicci y los jueces del tribunal oral nº 2 Elena Dilario y Eduardo Rodríguez.

Guillermo Michel, director general de Aduanas, sostuvo: “Esta oficina nos permitirá contener en tiempo real todo el movimiento de contenedores. Podremos realizar un control cruzado de las cargas que salen y que entran. Nosotros planteamos que el trabajo tiene que ser conjunto con las fuerzas de seguridad, con la justicia, con el Ministerio Público Fiscal y con el sector privado”.