Jujuy: la persecución que la Justicia quiere justificar

La persecución iniciada desde el gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy a quienes no están de acuerdo con la reforma Constitucional exprés que se hizo incluye la criminalización de la protesta social, la persecución y la instalación del miedo.

Con el Poder Judicial como el brazo ejecutorio de esto se libraron una cuarentena de órdenes de detención por sedición, que incluye a abogados que apoyan la lucha de las comunidades, docentes e integrantes de comunidades indígenas, amenazas y hasta la intromisión en la autonomía universitaria.

La persecución de los últimos días comenzó a partir de la orden del fiscal Enrique Alancay que en horas del mediodía del miércoles pasado se comenzó a realizar allanamientos y a detener a personas acusándolas de sedición, secuestro de personas, lesiones doblemente agravadas y otros delitos.

Con el correr de las horas se supo que los detenidos son Miguel Angel Ramos, Santiago Zamora, Walter Armando Puca, Gabriel Taboada, Martìn Antonio Abad, Luis Santiago Salazar, Jose Ivan Blacutt, Gabino Cruz, José Darío Donaire, José Luis Leopoldo Vilca,  Nelson Javien Mamani, Matuk Nasib Mamani, Hèctor Luis Gerónimo, Walter Brizuela, Arnold Alfredo Flores Ricaldi, Lautaro Joaquin Rivero, Leonardo Alejandro Rosales, Dan Leonel Liborio, Gonzalo Jose Marino y Fabian Alberto Cruz.

La metodología de detención incluía, además de la intimidación por parte de las fuerzas de seguridad provinciales, una citación a la comisaria y cuando iban las personas eran detenidos y trasladados.

Ya el jueves, comenzó la otra parte de la represión con las detenciones y pedidos de detención de abogados y abogadas que, precisamente, ejercen la defensa de numerosas personas que denunciaron haber sido criminalizadas por protestar. Uno de ellos, Alberto Nallar, fue detenido en las inmediaciones de su domicilio. Después se conoció que habían órdenes de detención, para los también abogados,  Néstor Ariel Ruarte, Vicente Casas, Roberto Carlos Aleman y Alicia Chalabe.

Desde el Ministerio Público de la acusación de Jujuy se dijo con respecto a la detención de Nallar que “el imputado se presenta en los piquetes para incitar a la gente a tomar el poder, desconocer al Poder Judicial, a no recurrir a la Justicia y optar por las vías de hecho para pedir la intervención a la Provincia y la derogación de la Constitución Provincial”. Está imputado por presunta Instigación a Cometer Delitos, Incitación Pública y Sedición.

Ante esta situación, el jueves la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación presentó un habeas corpus preventivo a favor de abogados y abogadas de Jujuy para resguardar su libertad. El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti explicó que la presentación se realizó “ante el intento del gobierno provincial de detenerlos por defender a personas que fueron reprimidas y detenidas durante las protestas”. La presentación fue realizada ante la justicia federal de Jujuy a favor de El pedido también incluye a Nallar.

La palabra de la represión

Ayer a última hora, Walter Rondón y Diego Funes, titulares de las Fiscalías Especializadas en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública Nº 1 y Nº 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Jujuy, realizaron un conferencia donde intentaron explicar las detenciones arbitrarias diciendo que “una gran cantidad de personas arrestadas el 20 de junio fue por flagrancia” y “a partir de entonces iniciamos una causa y con el trascurrir de la investigación fuimos haciendo un análisis de cámaras” y “se pudo identificar a 24 (en San Salvador) tirando piedras, dañando y lastimando”. “No se persigue a nadie por su actividad profesional, laboral o política. Se criminaliza a las personas al ser identificadas en algún hecho delictivo”, explicó Funes.

También, dijeron que las investigaciones se pusieron en marcha por los múltiples daños a las instalaciones de la Legislatura de la Provincia, destrucción de espacios y bienes públicos y de propiedad privada, resistencia a la autoridad y lesiones a policías.

Después, intentó explicar el porqué de la detención del docente de la universidad de Jujuy (UNJU) Iván Blancut donde el fiscal Funes aclaró  “no fue detenido por su actividad, sino por participar de los ataques del 20 de junio, situación que se puede observar en imágenes de video, portando un garrote de dimensiones importantes”

La situación de los pueblos indígenas en la CIDH

Casi paralelamente a los hechos que ocurren en la provincia de Jujuy, con la lucha de las comunidades indígenas como protagonistas, el 10 de julio pasado se realizó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que organizaciones defensoras de derechos y referentes de comunidades originarias plantearon el aumento de la violencia y el racismo estructural por parte del Estado, la negación del acceso al territorio, la falta de consulta previa y la grave situación en la provincia de Jujuy.

La audiencia fue solicitada por AADI, AMAI, ANDHES y el CELS y pidieron a la CIDH que realice una visita in loco a la Argentina para observar de primera mano y poder conversar con representantes de los diferentes pueblos sobre las situaciones de violencia y falta de diálogo, especialmente en el contexto del avance de las industrias extractivas sobre los territorios indígenas. De la audiencia participaron también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Estado argentino, representado por la Secretaría de Derechos Humanos y el INAI.