Comenzará este miércoles en los Tribunales Federales de esta ciudad la segunda semana del juicio oral y público al suspendido juez federal de Mendoza Walter Bento, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de resoluciones judiciales a medida.
Cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio son otras calificaciones en juego. Esta semana continuará la lectura de la acusación de los fiscales Dante Vega y Gloria André.
La misma quedó plasmada en casi 900 fojas que tienen como procesados a Bento, titular del Juzgado Federal 1 con competencia electoral entre 2006 y mayo último, a Marta Boiza -la esposa-, a dos hijos de ambos, a abogados, a ex personal de fuerzas de seguridad y a ciudadanos que, según la Fiscalía, se beneficiaron con las decisiones del suspendido magistrado.
El debate comenzó el 26 de julio y dos días después el tribunal que integran las juezas Gretel Diamante, Carolina Pereira y Eliana Rattá dispuso cuarto intermedio hasta este miércoles a las 9. Que las audiencias se hagan semana por media a razón de tres por semana se debe a que las magistradas tienen que atender sus despachos en San Juan y San Luis.
Claves de una semana de alto voltaje
1) Por todo lo que implica tener en el banquillo de los acusados a un juez federal de la Nación, Bento en este caso, quien durante 17 años tomó decisiones sobre la libertad y los bienes de personas involucradas en casos criminales y tuvo a su cargo la supervisión de cada uno de los procesos electorales nacionales realizados en Mendoza, incluidas resoluciones sobre candidaturas o precandidaturas políticas cuestionadas.
2) Porque en la misma hilera estaban sentados, junto a él, la esposa y dos hijos. Es decir, la familia completa sometida a proceso oral y público. Y eso atrapó la atención colectiva. “Pasen. Va a estar divertido”, dijo uno de los hijos del juez a punto de iniciarse el proceso para abonar la teoría familiar de que “todo esto es una farsa con fines políticos”.
3) Porque en el tercer día, Juan Aliaga -uno de los 32 imputados- consiguió la suspensión de juicio a prueba, zafó de ser condenado por el delito de encubrimiento a cambio de trabajo comunitario y donación de cajas de leche y pasó a ser un testigo clave en el juicio al juez. En la instrucción había negado los vínculos entre Bento y su padre, Diego Aliaga, un despachante aduanero que apareció muerto y enterrado en 2020.
La investigación de este crimen -por el cual se está juzgando a una familia de apellido Barrera- fue como un hilo de Ariadna para haber llegado a esta instancia. Acerca de la situación de Juan Aliaga, que no registraba antecedentes penales, la jueza Gretel Diamante comunicó en la sala de debates atestada:
“Realizamos una audiencia de suspensión de juicio a prueba de una de las personas que están imputadas, Juan Ignacio Aliaga Lotero. Así que esa persona ya ha sido autorizada a no venir al debate desde hoy en adelante a las audiencias. Le hemos dado conformidad a la suspensión”
4) Porque abogados defensores de Bento y familia y de otros imputados, especialmente de los arrepentidos Martín Ríos y Matías Aramayo, cuestionaron la legalidad del proceso a cargo del fiscal Vega.
Pablo Cazabán, representante de los abogados penalistas Ríos y Aramayo -acusados de ser parte de la asociación ilícita- dijo a la prensa: “Esta causa tiene algunos errores muy groseros. Creo que nace herida de muerte y no es responsabilidad de ninguno de los imputados. Ha habido errores que pueden poner en riesgo la suerte de este proceso”.
El Jury al suspendido juez Bento
Bento fue suspendido el 31 de mayo y al día siguiente debió desalojar, por orden de la Cámara Federal de Apelaciones, los dos despachos de juez federal penal y electoral, situados en el centro mendocino y distanciados apenas por 150 metros. El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación inició el proceso de remoción por unanimidad y envió el caso al Jury de Enjuiciamiento.
Este tribunal ya está integrado por Javier Esteban de la Fuente, juez ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 27 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Javier Leal de Ibarra, titular de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en representación de la magistratura; los senadores nacionales Daniel Bensusán (Frente de Todos) y José María Torello (Propuesta Republicana), los diputados nacionales Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Clara Romero (Propuesta Republicana) y el abogado Enrique Barrau (en nombre de los abogados de la matrícula federal). La Secretaría del Jury aún debe fijar el cronograma de audiencias y citar a los testigos.
El juicio de destitución deberá tener sentencia a más tardar el 30 de noviembre, de acuerdo a los 180 días fijados por el Consejo a contar a partir de la suspensión. El juicio penal a Bento se extenderá cuanto menos hasta marzo de 2024, por lo cual el imputado, en caso de ser destituido, quedaría detenido hasta el final de aquel proceso ya que actualmente lo protegen los fueros de magistrado.
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