Durante la mañana de ayer el Consejo de la Magistratura realizó la Audiencia Pública Periódica de Información 2023, en la  Universidad Nacional de Rosario en Santa Fe con la participación de la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura Agustina Díaz Cordero y los/as Consejeros/as Diego Barroetaveña, Jimena de la Torre, Hugo Galderisi, Álvaro González, Miguel Piedecasas, Alejandra Provítola, Roxana Reyes, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vazquez y Eduardo Vischi. Con aviso, el presidente del CM y la CSJN, Horacio Rosatti, no estuvo porque tenía programada una intervencion oftalmologica.

En la apertura del acto, la Vicepresidenta del Consejo de la Magistratura Agustina Díaz Cordero explicó que esta audiencia complementa el bloque de publicidad que cumple el Organismo con la transmisión en vivo de sus Plenarios y reuniones de Comisión, en aras de fortalecer los principios fundamentales de transparencia, participación y rendición de cuentas que rigen la labor del Cuerpo.

Y subrayó que su desarrollo en la Ciudad de Rosario es además “una declaración de apoyo formal y presencial hacia esta ciudad y la provincia de Santa Fe en su lucha contra el crimen organizado y por la plena vigencia y salud de sus instituciones públicas”.

Referentes del kirchnerismo miembros del Consejo de la Magistratura denunciaron lo que describen como una "descomposición institucional" en dicho organismo. En esa línea, aseguraron que esto surge de una supuesta alianza política entre la Corte Suprema de Justicia y miembros de la oposición y en un comunicado emitido a través de redes sociales por los diputados nacionales, Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, titulado "la Corte y la oposición que perdió se reúnen en Rosario para legitimar la vergonzosa situación del Consejo de la Magistratura", detallaron los puntos clave de sus acusaciones.

Entre los principales puntos señalaron la exclusión del senador Martín Doñate y la parálisis institucional que afirman ha tomado el Consejo. Según los referentes, esta situación sería resultado de la mencionada alianza entre la Corte Suprema y miembros de la oposición, específicamente del partido "Juntos por el Cambio". Aseguran que esta situación se originó cuando Horacio Rosatti tomó el Consejo "por asalto" a través de un fallo que consideran ilegal y que está siendo objeto de juicio político en la Cámara de Diputados.

 

Además de la parálisis institucional, acusan una serie de "gravísimas irregularidades" en el funcionamiento del organismo. Entre estas , enumeran la negación de votación en concursos (mencionando que hay más de 60 ternas pendientes de aprobación), el incumplimiento del fallo de la Corte que consideró ilegítimos a los jueces Bruglia y Bertuzzi, la falta de periodicidad en las reuniones plenarias, el cajoneo de trámites y la prescripción de denuncias por mal desempeño debido al paso del tiempo.

Uno de los aspectos más destacados en la denuncia es la exclusión ilegal del senador Martín Doñate, lo que habría dejado al Consejo funcionando con 19 miembros en lugar de los 20 que establece la ley. Los referentes aseguran que esto fue llevado a cabo por la Corte a pesar de la derogación expresa que el Congreso Nacional había establecido 16 años atrás.