El control de armas de fuego en Argentina: un desafío permanente

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), presentó un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la portación de armas en la sociedad civil con el fin de colaborar en la construcción de estándares jurídicos que guíen el diseño e implementación de regulaciones estatales. El objetivo principal es el proteger los derechos humanos en cuanto a la producción y comercialización de armas de fuego.

En Argentina, el acceso a las armas de fuego por parte de la ciudadanía es una excepción, pero no un derecho. Esta restricción se basa en la comprensión de que la circulación de armas de fuego representa un factor de riesgo significativo. El organismo estatal de regulación, conocido como ANMaC, tiene como objetivo reducir la circulación de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada.

Datos relevantes sobre las armas en Argentina 

Según la investigación, hasta la fecha se registraron 1,749,121 armas de fuego en Argentina, junto con 1,088,512 usuarios registrados. Sin embargo, más del 70% de los usuarios catalogados como "legítimos usuarios" por ANMaC tienen credenciales vencidas. En 2022, solo 248,826 usuarios individuales, incluidos aquellos que forman parte de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, tenían credenciales vigentes, lo que representa apenas un 22% del total de usuarios registrados. Esta situación no solo constituye un incumplimiento administrativo, sino también un delito penal que rara vez se persigue y sanciona.

La mayoría de las armas de fuego se fabrican en entornos legales, ya que es difícil establecer "fábricas ilegales". Sin embargo, una gran cantidad de estas armas se desvían hacia el mercado ilegal. La cuantificación precisa de este mercado irregular es aproximada, pero estimaciones sugieren que en el 3.9% de los hogares argentinos hay armas de fuego, lo que implica que podría haber entre tres y cuatro millones de armas de fuego en el país.

El desvío de armas en manos de las fuerzas policiales contribuye a alimentar el mercado ilegal. En la provincia de Santa Fe, se informó el secuestro de 2,190 armas utilizadas por bandas criminales durante los primeros ocho meses del año 2020. Entre 2014 y 2019, se sustrajeron y/o extraviaron 502 armas cortas y largas pertenecientes a la policía, según el Registro Provincial de Armas (REPAR). Esta información se refiere a arsenales policiales que no están asignados a personal en particular y que terminan filtrándose hacia el mercado ilegal debido a robos o corrupción.

¿Para qué se utilizan las armas de fuego en Argentina?

Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el año 2022, uno de cada dos homicidios dolosos en Argentina se cometió con un arma de fuego. El 76% de estos homicidios dolosos se produjeron en situaciones que no involucraron otros delitos, generalmente en contextos de conflictos interpersonales, como peleas entre conocidos, familiares, vecinos, parejas o ex parejas.

En Santa Fe, la situación es aún más grave, ya que las armas de fuego se utilizan en el 80% de los homicidios. En las ciudades de Rosario y Santa Fe, en 2021 se registraron 1,100 personas heridas por armas de fuego y se realizaron cerca de 15,000 llamadas al 911 reportando hechos relacionados con armas de fuego, como hallazgos de armas, amenazas, personas armadas o disparos.

Las armas de fuego también se utilizan para perpetrar violencia de género en sus diversas formas. A pesar de que el 97% de los usuarios registrados son hombres, las mujeres y disidencias sexogenéricas sufren desproporcionadamente las consecuencias de esta violencia. Uno de cada cuatro femicidios es cometido con un arma de fuego. Según los registros, al menos el 6.5% de los femicidios cometidos en 2022 fueron perpetrados por funcionarios de fuerzas de seguridad, en la mitad de los casos se utilizaron armas de fuego y la mayoría eran armas reglamentarias.

Según informó el CELS, la producción de estadísticas concretas profundizará la responsabilidad que tienen los Estados de garantizar el desarrollo de políticas públicas para restringir y controlar el acceso y uso de armas de fuego, así como también la de las empresas empresas que fabrican y comercializan armas.