El ministro de la Corte Suprema de Justicia y ex presidente, Ricardo Lorenzetti, Giovanni Melillo, fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de la República de Italia, y Juan Bautista Mahiques, fiscal General de la Ciudad, expusieron en el seminario internacional donde también se habló sobre estrategias de disuasión focalizada así como en la intervención en Mercados Abiertos de Droga, así como su implementación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El evento fue auspiciado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo del Ministerio de Justicia de la República de Italia, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires.

En la apertura de la jornada, Lorenzetti recordó que el año pasado en Rosario numerosos integrantes del Poder Judicial abogaron por la creación de una agencia de seguridad independiente y especializada en narcocriminalidad donde trabajen coordinadamente todos los poderes del Estado Federal.

 “La grieta más importante hoy es entre la sociedad y las instituciones. Se necesita una especialización de políticas de Estado para combatir el crecimiento de la narcocriminalidad”. Y destacó que “hemos dado muestras de la autodepuracion, el Poder Judicial ha sancionado y condenado dos jueces en el marco de la contaminación del narcotrafico en el Estado”.

En esa línea, Lorenzetti expresó que “hay una falta de coordinación del Estado y es lo que más me preocupa. Argentina tiene un grave problema de diseño institucional”.

Y agregó que la narcocriminalidad fue creciendo en todo el país y se la debe abordar desde varios frentes, uno de ellos es trabajando sobre la prevención en donde se necesita recabar información sobre como las organizaciones criminales realizan el lavado de dinero, las actividades en la Aduana y priorizó el uso de la informática y tecnología en las investigaciones. “Hace unos años, la Corte recibió el área de escuchas y propusimos expandir esas investigaciones que contienen sólo audios, a un área que contengan otro tipo de investigaciones tecnológicas pero que todavía no está disponible”.

crédito: MPF CABA.

A su turno, el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques señaló que nuestro país se encuentra sumido en una coyuntura difícil, en la que las instituciones deben extremar los esfuerzos para implementar nuevas políticas públicas en las áreas de seguridad y justicia. La sociedad reclama soluciones a problemas evidentes que perjudican seriamente su vida cotidiana. Y detalló que “el narcomenudeo no es una materia desglosada del narcotráfico: sus efectos son extremadamente dañinos en centros urbanos y barrios más pobres del país”. 

En este sentido, Mahiques aseguró que la política criminal debe entonces conjugar varios elementos, “en primer lugar la identificación de problemas, ya que no es lo mismo trabajar sobre la venta de drogas en general, que sobre la comercialización minorista de estupefacientes en barrios vulnerables y violentos. Luego hay que hacer una ponderación de posibles soluciones porque sabemos hoy que solamente con la persecución reactiva y aleatoria de la venta de drogas no tiene impacto. Otro elemento es la construcción de métricas que nos permitan mensurar los resultados que buscamos lograr con la intervención escogida. Y por último, resulta imprescindible contar con instrumentos de medición aceptables para concretar esas tareas de medición. Y esto demanda producir información estadística robusta y seria desde el punto de vista metodológico”.

Además, Mahiques instó a mejorar la coordinación entre la jurisdicción federal y las jurisdicciones provinciales y advirtió que es imperativo que los fiscales de ambos fueros compartan la información de la que disponen, y que se dividan el trabajo a partir de consideraciones de política criminal. “Para eso, por ejemplo, entendemos vital promover el empleo de los equipos conjuntos de investigación, una herramienta que hemos utilizado con excelentes resultados en varias investigaciones realizadas en los últimos meses por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE)”.

En su presentación, Giovanni Melillo, Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de la República de Italia señaló que se debe tomar conciencia de que el narcotráfico es el desafío más serio y amenaza a las democracias, “existen las macromafias que son sistemas crimininales complejos, en las que las redes de cada país obran de forma coordinada y desafían la soberanía de los Estados, a veces vacían de poder a los países y hasta pueden derrotar las democracias”. Y continuó, “las macromafias usan las nuevas tecnologías para lavar el dinero y se convierten en consorcios económicos que les permite a las redes criminales tener grandes cantidades de dinero, que además apoyan el terrorismo”.

Melillo aseguró que Argentina es una de las principales vías de tránsito de estupefacientes a Europa Central y Asía. Pero también Argentina es un lugar nodal de articulación muy importante, por su tradición democrática, el prestigio de sus instituciones y la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico. “El narcotrafico se debe enfrentar con estructuras de investigaciones especializadas y hay que realizar un análisis de información del patrimonio de cada país, para intervenir en el negocio tentacular que parece a veces impenetrable”.

El Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia recalcó que “no hay modo de luchar contra el narcotráfico de manera eficaz fuera del marco del estado de derecho. Los Ministerios Públicos Fiscales debemos ser el garante de las investigaciones y tenemos que contar con una policía judicial. Hoy la cooperación debe ser moderna, no limitada, hay que compartir información no solo entre estados europeos, sino también a escala internacional. Argentina es un socio muy importante y existe la cooperación ya que se puede hacer una gestión compartida de las investigaciones y también de los procesos judiciales. Es clave que se puedan realizar operativos simultáneos en distintos países en tiempo real”.

Por último, Melillo hizo un reconocimiento al fiscal paraguayo Marcelo Pece, y recordó que “la mano que lo mató estaba en Colombia, pero la mano que ordenó su muerte estaba en Paraguay, en la Triple Frontera, y en países europeos también”.

En la segunda parte del seminario se abordaron las estrategias de disuasión focalizada en la Intervención en Mercados Abiertos de Drogas. Luis Ignacio Garcia Sigman, Coordinador del Programa
contra las Drogas Sintéticas y el Desvío de Precursores Químicos (UNODC) detalló que “el narcotráfico innova constantemente, se refleja con énfasis en el mercado de las drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas que componen un mercado totalmente diverso y heterogéneo de estas sustancias”.

Y advirtió que cuando hay drogas también hay corrupción y lavado de activos. Las organizaciones criminales se organizan en torno a matrices transnacionales. Para combatirlas hay que construir redes, sin cooperación interinstitucional e internacional es imposible afectar estas matrices.

Luego expuso David Kennedy, Director de la National Network for Safe Communities de la John Jay College of Criminal Justice, que afirmó que el narcotráfico es lo más tóxico que le puede ocurrir a una comunidad. “A partir de una investigación tradicional, así como también hablando con los integrantes de las comunidades. A los detenidos por narcomenudeo les pedimos que escuchen a los representantes de su comunidad, y les advertimos ‘salí del mercado, te vamos a apoyar y si volvés a vender te vamos a detener y llevar al fiscal en ese mismo momento’. Este método resultó muy efectivo para eliminar los puntos de venta callejeros”.

En ese sentido, Kennedy contó que está impresionado por la labor del Ministerio Público Fiscal de la CABA en la creación de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes y en la implementación de la Intervención en Mercados Abiertos de Drogas. “Asumieron riesgos, trabajaron en conjunto de forma analítica, y el impacto que esto tiene es muy bueno. La intervención en el mercado de drogas puede generar una diferencia sustancial en la comunidad”.

Seguidamente, funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y del Gobierno porteño explicaron la implementación de la Intervención en Mercados Abiertos de Drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El primero en disertar fue Alberto Nanzer, Secretario General de Política Criminal y Asistencia a la Víctima MPF CABA, que sostuvo “durante la planificación de la política criminal contra la narcocriminalidad se estudió el impacto de los mercados abiertos de drogas. Son los más dañinos porque perjudican la vida de las comunidades, facilitan el acceso a personas que aún no empezaron a consumir, entonces decidimos trabajar preferentemente en ellos. Para esto, hicimos una distinción entre medidas de proactividad y reactividad del MPF. Algunas políticas de reactividad hay que mantener para dar respuestas como las Unidades de Flagrancia, pero después hay una dimensión proactiva que tenemos que profundizar”.

Y explicó que “el programa Intervención en Mercados de Drogas (IMD) se utiliza para desarticular mercados abiertos drogas en los barrios. El programa se puso en marcha en 2021, la evaluación de los procesos da cuenta de que creamos un circuito de trabajo fuerte, logramos coordinar con todas las agencias del Estado que forman parte del sistema de justicia penal”.

A su turno, Cecilia Amil, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) detalló que “para la intervención de mercados abiertos en la CABA se suscribió un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno porteño y trabajamos además con la División Antidrogas de la Policía de la Ciudad en zonas del Barrio 15 y de Constitución”. Además resaltó que se hizo un mapeo de narcocriminalidad de la Ciudad y se generó un proceso de trabajo, a partir de ahí impleméntanos técnicas especiales de investigación utilizando agentes reveladores propios e informantes”.

Cecilia Amil especificó que “en la primera etapa trabajamos para analizar la parte administrativa de los lugares conflictivos y lograr obtener información sobre los puntos de venta. Luego se lanza la etapa judicial, en las que se hacen las solicitudes con autorización previa del juez. Y a las personas a las que se les va a dar la oportunidad, se le muestra la prueba y se le da una alternativa al proceso penal”.

Asimismo, precisó que los bienes decomisados en operativos judiciales pueden utilizarse para actividades de prevención dentro de los mismos barrios, así como también pueden utilizarse para la construcción de merenderos que muchas veces se instalan en los que eran los puntos de venta de droga.

Por su parte, Jorge Djivaris, Subsecretario de Seguridad, Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno porteño, señaló que se aprobó un protocolo del agente revelador y para ello se trabajó en conjunto con la UFEIDE en los mercados abiertos de drogas seleccionados. El funcionario indicó que “el Estado tiene que dotar y mejorar las políticas públicas para continuar este legado y el trabajo conjunto con el MPF. La construcción de sinergia entre la justicia y el ejecutivo va a traer mejoras en el desarrollo de las comunidades que viven en estas situaciones”.

En tanto, Gabriel Mraida, Ministro de Desarrollo Humano y Habitát de CABA explicó que “un rasgo distintivo de este proyecto tiene que ver con su carácter disruptivo, otra característica tiene que ver con la búsqueda de la articulación de diferentes agencias del Estado y quiero poner en especial en valor el trabajo del MPF con los agentes estatales”.

Y continuó, “esta iniciativa produjo tres resultados que quiero enunciar y destacar : recuperación del espacio público , construcción de legitimidad pública, reivindica el accionar de la justicia y muchas personas que fueron parte de este proceso, quienes fueron señalados por este programa, están siendo parte de procesos de capacitación y de programas de reinserción laboral”.

Finalmente cerró el panel, Mauricio García Mejía, especialista líder en Modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo. El representante del BID destacó la importancia de este tipo de políticas criminales que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas de los países miembros. 

“El BID apoyó la implementación del programa IMD en la ciudad de Buenos Aires ya que tenía las condiciones para ser modelo en la región. Apoyamos en la conceptualización de la aplicación de este modelo y también ofrecimos un instigador para realizar las evaluaciones. Se realizó una evaluación cualitativa y cuantitativa, esto nos permitió observar que hubo un impacto positivo con la política: se han bajado los índices de violencia donde se implementaron estos programas”.

Antes de finalizar la jornada, Alberto Nanzer, presentó la guía de Implementación de la estrategia Intervención en el Mercado de Drogas (IMD) en la ciudad de Buenos Aires. Este documento explica los fundamentos teóricos de la estrategia y reseña las vicisitudes que se experimentó a lo largo del proceso de implementación. “De esta manera, pretendemos compartir la visión del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad con otras jurisdicciones del país y de la región que se encuentren también afectadas por el flagelo de la narcocriminalidad” sostuvo Nanzer.