En la ciudad de Mendoza, los padres de un bebé recién nacido se negaron a permitir que su hijo fuera vacunado, lo que desató la intervención judicial que finalmente garantizó la inoculación del menor. Los hechos ocurrieron en la Clínica de Cuyo, ubicada en la capital provincial, cuando los progenitores del bebé rechazaron la vacunación recomendada por el calendario nacional y, ante esta negativa, la jueza Rebeca Natalia Ropero tomó cartas en el asunto y emitió una orden judicial que exigía la vacunación del bebé, incluso si era necesario recurrir a la fuerza pública para garantizarla.
Los padres, en respuesta a la orden, finalmente accedieron a que su hijo fuera vacunado de acuerdo con el calendario de vacunación recomendado. La intervención judicial no se limitó únicamente a la emisión de una orden. El Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) también participó en el proceso para brindar apoyo y contención a la familia, que proviene de la localidad mendocina de Las Heras, en un fallo al que accedió Télam.
La decisión de intervenir para garantizar la vacunación del recién nacido se basa en la importancia de proteger el derecho a la salud del menor. Según lo establecido en el Código Contravencional y la Ley 9099, en su artículo 119, se sanciona a los padres, tutores, curadores o guardadores que omitan la obligación de que sus hijos o menores a su cargo reciban las vacunas obligatorias incluidas en el calendario nacional. Las sanciones pueden incluir multas que van desde las 200 hasta las 800 Unidades Fijas (U.F.), arresto de cinco días o trabajo comunitario en centros asistenciales u hospitales públicos para menores de edad.
Además, la ley también establece que los efectores de salud, ya sean públicos o privados, así como cualquier agente o funcionario público que tenga conocimiento de la vulneración del derecho a la vacunación de menores, deben comunicar esta circunstancia a la autoridad administrativa local. La omisión de esta comunicación también conlleva sanciones, que son el doble de las previstas para los padres o tutores.
Este caso destaca la importancia de la vacunación como una medida fundamental para garantizar la salud pública y proteger a los niños de enfermedades prevenibles. La intervención de la justicia en casos como este tiene como objetivo principal asegurar que ningún niño quede desprotegido ante enfermedades potencialmente graves. El bebé ahora recibirá las vacunas necesarias para su salud y desarrollo.
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