A través de la Resolución 3361/23, el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, le puso una fecha límite a la aplicación de la Ley Micaela (N° 27.499).

Se trata de la norma que impuso la capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres a todas las personas que se desempeñen en la función pública. El personal de la Justicia deberá acreditar que hizo los deberes.

Se van a cumplir 4 años de la sanción de la Ley Micaela, tiempo suficiente para que los distintos organismos gubernamentales se pongan al día. Así lo consideró Rosatti en su Resolución ya que decidió que todo el personal del Consejo de la Magistratura deberá acreditar que cumplió con la capacitación obligatoria antes del 1° de marzo de 2024.

Quienes no lo hagan podrán ser sancionados como lo establece el artículo 8 de la norma en cuestión.

La medida dispone que la Dirección General de Recursos Humanos controle el cumplimiento de la nueva normativa, y que la Unidad de Derechos Humanos, Género, Trata de Personas y Narcotráfico asegure una oferta constante de cursos de capacitación. Conocé las ofertas de próximos a cursos de la ley Micaela haciendo clic aquí.