La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Argentina se prepara para avanzar con los cargos contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. La comisión planea citar a los jueces para que puedan realizar sus descargos en relación con tres hipótesis que se trataron en el proceso de enjuiciamiento a la Corte Suprema: los fallos 2x1, coparticipación federal y Consejo de la Magistratura.
El Congreso como órgano del Poder Legislativpo tiene en sus funciones, aunque poco utilizada, la de someter a jury a los integrantes de la CSJN aunque ello no implique proceso judicial en su contra. De acuerdo al artículo 13 del reglamento interno de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado”.
La votación sobre las resoluciones que disponen las citaciones de los ministros con los cargos formulados y la prueba individualizada se realizó este miércoles 11 de octubre en el marco de una investigación que ya completó la etapa de investigación preliminar y ahora se brindará a los magistrados la oportunidad de presentar sus descargos. En este sentido, fueron citados a declarrar como testigos Julio Piumato, secretario general de la UEJN, el ex administrador general de la Corte, Héctor Daniel Marchi y el funcionario Gustavo Francisco Tita y Adrián Walter Miretti quienes seríán cercano a un ministro pero ninguno asistió.
“La presidencia les ha remitido borradores de las resoluciones con los cargos y las pruebas para dar traslado a cada uno de los ministros y, asimismo, se les ha compartido un informe que elaboró la presidencia con la colaboración de asesores y diputados respecto de la investigación que se realizó de cada causal con todos los antecedentes para que sean la motivación o sustento para lo que serán los dictámenes de acusación”, explicó Carolina Gaillard, diputada del Frente de Todos y presidenta de la comisión de la Cámara Baja.
Las resoluciones que disponen “las citaciones de los señores ministros con los cargos formulados y la prueba individualizada” corresponde a tres hipótesis: los fallos 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura. Vale reiterar que todavía no se trata de los dictámenes de acusación y tendrán 10 días hábiles para hacer el descargo que pueden hacer por escrito o presencial. En este último caso, la titular de la comisión informó que le darán fecha el 7 de noviembre y 17 de noviembre “estaríamos dictaminando”.
Lo llamativo fue las duras palabras del diputado Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, que señaló ayer que todos los testigos fueron “presionados” para que no se presentasen a declarar en contra del magistrado. “El ministro de la Corte viene ejerciendo presiones llamando a distintos actores, es por eso que hoy no tenemos testigos”, advirtió antes de apuntar también contra el oficialismo por “dejar para el final” la causa presentada por Elisa Carrió y Paula Oliveto. Habla de Ricardo Lorenzetti.
El fallo 2x1, dictado por la Corte Suprema en 2017 y luego revertido en 2018, establecía que después de dos años de prisión preventiva, el tiempo posterior se contabilizaría como parte de la pena impuesta. La ley que permitía esto fue derogada en 2001 y luego restablecida por la Corte en 2017.
En relación con la coparticipación federal, la Corte Suprema avaló en 2020 una medida cautelar que suspendió una ley que determinaba la distribución de los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno de la Ciudad había solicitado una tasa del 2,95%, mientras que la ley fijaba un 2,32%. El fallo de la Corte Suprema favoreció a la Ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, en diciembre de 2021, la Corte Suprema declaró inconstitucional una ley del Consejo de la Magistratura que había sido aprobada en 2006. Esta ley estipulaba la reducción del cuerpo del Consejo de 20 a 13 miembros, lo que provocó un aumento de miembros en el Consejo cuando Rosatti asumió la presidencia de la Corte Suprema en 2021.
El proceso de juicio político comenzó en enero de este año e incluyó el testimonio de más de veinte testigos en relación con diversos fallos de la Corte Suprema, incluyendo los fallos 2x1, coparticipación federal, el Consejo de la Magistratura y más recientemente, "Abuso de Poder". En esta última causa, se alega que el juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, incumplió la ley al no apartarse de los fallos en los que estaban implicados sus exclientes.
La comisión de Juicio Político avanzó en su investigación sobre estas cuestiones y busca esclarecer cualquier posible irregularidad en la actuación de los magistrados de la Corte Suprema.
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