La Justicia de la provincia de Jujuy condenó al abogado Alberto Nallar a 3 años y seis meses de prisión por una supuesta “instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento o motín en concurso real”. El abogado asesora a comunidades indígenas que protestan en la provincia por la reforma de la Constitución. Enviaron una carta al fiscal general de la provincia.
La condena la dictó el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Jujuy, integrado por Mario Ramón Puig y Luciano Yapura y Ana Carolina Pérez Rojas, por presuntos hechos cometidos entre el 17 de junio y el 10 de julio en los cortes de ruta que se dieron en la provincia a raíz de la protesta popular contra la reforma constitucional impulsada y realizada de manera irregular e inconsulta por el gobernador Gerardo Morales.
El abogado no solo fue condenado sino que además la justicia le impuso un embargo de 7 millones de pesos e inhabilitación para ejercer su profesión. Nallar es considerado un abogado defensor de derechos humanos. Por el momento, continúa en libertad porque la condena aún no se encuentra firme.
De la sentencia también participaron los fiscales Diego Funes y Walter Rondón, que habían pedido 5 años de prisión para el abogado, y Estado provincial, también querellante, con los los abogados Sebastián Albesa y Juan Manuel Silva.
Despues de la sentencia, el abogado sostuvo que su caso “demuestra el problema real que hay acá en Jujuy. Estoy por la defensa del Estado de Derecho”, dijo y concluyó: “Para mí lo importante es la lealtad con los principios de la gente que estaba en las rutas, con los manifestantes”.
Desde Amnistía Internacional Argentina advirtieron a través de su directora ejecutiva Mariela Belski que la sentencia “es un mensaje que intenta disciplinar a quienes alzan su voz por reclamar derechos. Además, en este caso se impide que quien ha sido condenado continúe ejerciendo su profesión. Los habitantes de Jujuy tienen derecho a reunirse pacíficamente y a expresarse libremente, así como a ser informados acerca de medidas que podría afectarlos”.
Hay que recordar que la reforma aprobada en junio de este año generó represiones contra los ciudadano en Purmamarca, Humahuaca y en San Salvador de Jujuy. Además esto fue acompañado con persecuciones judiciales tanto a docentes, integrantes de comunidades indígenas y a quienes apoyaron la lucha contra la reforma.
Este accionar de persecución y represión fue denunciado por organismos de Derechos Humanos y diferentes organizaciones, así como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Trabajo de la Nación. “Me juzgan por asesorar jurídicamente y quieren callar no tanto a las personas sino al abogado”, dijo Nallar.
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