El TOF de General Roca condenó por unanimidad a los cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. Sergio Cavia, fue condenado como autor material por el uso de armas de fuego en “exceso de legítima defensa” a 5 años de prisión e inhabilitación de 8 años. Francisco Javier Pinto, Juan Ramon Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García fueron condenados como “partícipes necesario” a 4 años y seis meses de prisión.
El primero en hablar fue Marcelo Rochetti, abogado de los prefectos Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos y Carlos Valentín Sosa: “Mis tres defendidos dispararon armas de fuego durante el enfrentamiento”, dijo intentando volver a la teoría del enfrentamiento. Aunque fue mucho más allá y dijo que “Rafael Nahuel Salvo, Lautaro González y Fausto Jones Huala también dispararon armas de fuego durante el enfrentamiento”.
“El lugar del hecho fue alterado, modificado y saqueado”, intentó argumentar el abogado defensor y agregó que los prefectos “ninguno tuvo intención de matar” y “no existió exceso alguno”. Para ilustrar ello dijo una frase que sonó inquietante: “El fallecido fue impactado por una bala, ¿Dónde está el exceso?, no estamos hablando de una persona acribillada”.
crédito: Diario Río Negro - Juan Thomes
Hay que recordar que Rocchetti fue, en 2017, jefe de gabinete del entonces Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo. Finalmente, ante el tribunal, el abogado defensor pidió que “sean eximidos de sanción” y “absueltos”. “Confió en que dictarán un fallo justo y no se dejarán amedrentar por los violentos que atacaron al fiscal por pensar distinto”, terminó.
Anabella Shmidt y Alejandra Bussetti, fueron las que alegaron después de Rocchetti. Ambas son las abogadas de los prefectos Juan Ramón Obregón y Sergio García. Ellas también dijeron que los imputados “cumplieron con su deber” e insistieron en el presunto enfrentamiento y en que los integrantes de la comunidad mapuche habrían disparado armas de fuego.
Con todo ello, el tándem de abogadas también le solicitó al tribunal la absolución de sus defendidos argumentando que los prefectos realizaron un “uso racional y progresivo de la fuerza”. Tras haber terminado todos los alegatos la semana que viene el tribunal tiene pautado que sean las últimas palabras de los acusados y la lectura del veredicto. Esto será el próximo 29 de noviembre.
Hay que recordar que las querellas pidieron prisión perpetua para los cinco imputados. Estas son la que está en manos de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y la querella de la familia de Nahuel y la de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Estas últimas dos agregaron a su pedido el “odio racial” como un agravante. En tanto que la fiscalía, por su parte, solicitó una condena de sólo cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación argumentando un enfrentamiento y un exceso en la legítima defensa por parte de los prefectos.
Todos quedan en libertad hasta que la condena quede firme.
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