En uno de sus últimas decisiones previa a la entrega de mando el gobierno saliente de Alberto Fernández ordenó la extradición de Facundo Jones Huala. Actualmente, el lonko mapuche se encuentra internado en el área médica de la Unidad 14 de Esquel producto del debilitamiento que tiene porque está en huelga de hambre.

Una nota de la Cancillería argentina fechada el pasado jueves 7 de diciembre, previo al feriado largo, informó la concesión de la extradición y comunicación a las autoridades de Chile del lonko mapuche. La nota fue presentada en el expediente el pasado 11 de diciembre y se hace eco de la decisión de noviembre pasado de la Corte Suprema.

A Jones Huala le restan apenas 6 meses de cumplimiento de su condena y sus abogados, integrantes de la Gremial de Abogados, habían solicitado al Estado Argentino que le permitiera cumplir esa condena en el país. El argumento, rechazado por el gobierno saliente, es que existen tratados binacionales vigentes que permiten esto.

Ni bien se conoció la resolución del máximo tribunal del país Jones Huala comenzó una huelga de hambre seca que hizo que su estado de salud se vaya deteriorando cada vez más. Actualmente se encuentra internado en el área médica de la Unidad 14 de Esquel y cada tanto es llevado al hospital zonal.

 

 

No es la primera vez que se ordena la extradición del lonko. En 2018, durante el gobierno macrista, la Crote dictaminó lo mismo y luego fue enjuiciado en el país trasandino. En ese momento, fue sentenciado a una condena de seis años por incendio y tres años por tenencia ilegal de arma de fuego, en un expediente muy irregular pero Huala, en libertad condicional, se fugó. En enero de este año fue detenido por la policía de Río Negro casi por casualidad en el Bolsón. Y, desde entonces, estuvo bajo custodia en la cárcel federal de Esquel.

El expediente de la justicia chilena por el que fue condenado Facundo Jones Huala se inició hace varios años. Hay que recordar que aquella primera extradición se realizó con una medida cautelar vigente en ese entonces del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que requirió al Estado argentino “suspender la extradición” mientras su caso se era analizado por ese comité.

El lonko fue condenado por el Poder Judicial chileno en un juicio con muchas irregularidades. Lo cuestionable en el juicio fue que ninguno de los testigos llevados ante el estrado logró identificar a Jones Huala en el lugar de los hechos en 2013, la hacienda "pisu-pisue", en Valdivia.

A esto se sumó que todos los que habían sido imputados e imputadas en esa causa, además de Huala otras cinco personas, fueron absueltos y sólo en el caso de la machi Millaray Hichalaf hubo una condena a dos meses de prisión.