La Asociación de Magistrados y Funcionarios liderada por el juez federal Andrés Basso no tuvo respiro en este fin de año de inicio de gestión donde las medidas del nuevo Gobierno Nacional generaron severas críticas en el ámbito judicial, desde jueces, el gremio y los abogados como ya viene contando Tiempo Judicial.
La AMFJN emitió ayer un comunicado contra el traspaso de la justicia nacional a la C.A.B.A. En sí, todos los fueros nacionales con sede en la Capital Federal como laboral, civil, seguridad social y criminal y correccional pasarían a la órbita de la Ciudad sin tener en cuenta a empleados, su remuneración y muchas más medidas que los perjudican.
La entidad que nuclea a jueces, fiscales y defensores a nivel nacional y federal expresó en el comunicado que “es grave la situación” del traspaso para ponernos “en alerta” porque la “La Justicia Nacional no puede pasar a la C.A.B.A. hecho que orgánicamente no podemos permitir y al que nos oponemos férreamente”.
El jurista Ricardo Gil Lavedra, actual presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, habló sobre el DNU y el paquete de la ley ómnibus donde expresó que “la deliberación es un elemento imprescindible en la construcción del consenso democrático”.
“El progreso y desarrollo de la Argentina sólo será posible fortaleciendo las instituciones, con pleno respeto al estado de derecho. Según afirmaba Alberdi “la política no puede tener miras diferentes a las miras de la Constitución”, fue la frase con la que el ex asesor del ministerio de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri cuestionó el DNU con el que el actual presidente Milei intenta avasallar varios derechos constitucionales.
— AMFJN Argentina (@AMFJNArgentina) December 28, 2023
En la misiva a la que accedió Tiempo Judicial, el ex fiscal del Juicio a las Juntas Militares y ex diputado de la UCR, redactó una carta en la que cuestiona que en el medio de una grave crisis económica y social se impulsaron innumerables modificaciones al régimen legal vigente mediante el dictado de DNU 70/2023 y el envío de un proyecto de ley “ómnibus” al Congreso Nacional.
“Prácticamente no hay materia que haya quedado al margen del conjunto de reformas propuestas, y ello impactará en los derechos y obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas y, por ende, en el ejercicio profesional de la abogacía. Ya se le ha dado intervención a los Institutos del Colegio, a fin de que emitan opinión sobre los temas involucrados”, detalló Gil Lavedra.
El actual titular del CPACF destacó que “sin perjuicio del control de constitucionalidad a cargo de los jueces, los cuestionamientos acerca de una indebida asunción de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo, pueden ser reparados por el propio Congreso”.
Divorcio express
Con relación a los proyectos de sucesiones notariales y divorcio administrativo, el CPACF rechazó “enérgicamente su sanción por resultar perjudicial a los intereses de los justiciables”. El proyecto de divorcio administrativo no tiene en cuenta que son múltiples las cuestiones que se plantean en caso de una separación, y prescindir del asesoramiento jurídico deja en clara desventaja a la parte más vulnerable.
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