Se presentó ante el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, provincia de Chaco, el informe de cumplimiento de las medidas de reparación dispuestas en la sentencia del juicio por la verdad que culminó en mayo del año pasado. Allí se declaró a la masacre de Napalpí, ocurrida en 1924, como delito de lesa humanidad contra comunidades originarias.
La presentación se realizó el pasado 5 de diciembre a la titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger. Entre otras cosas, la sentencia dictada en 2022 incluyó una serie de puntos con medidas reparatorias para los pueblos Qom y Moqoit. El Estado argentino fue condenado por planificar, ejecutar y encubrir el asesinado de entre 400 y 500 personas en la zona de Aguará, en lo que era la Reducción de Indios de Napalpí.
En línea con la orden de incluir los hechos probados en el juicio en los diseños curriculares a nivel nacional y provincial en los niveles primarios, secundario, terciario y universitario, el entonces Ministerio de Educación de la Nación confeccionó y publicó materiales en los diversos sitios de educación, tales como, Educ.ar; así como capacitaciones a docentes, entre otras medidas.
También se realizaron jornadas de capacitación de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en los hechos probados en la causa y el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Se elaboró, por ejemplo, un manual de “Derechos de los Pueblos Originarios e intervenciones policiales desde una perspectiva intercultural” por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación.
A ello se sumaron acciones como la difusión de la sentencia del juicio por la Masacre de Napalpí, y se comenzó con un proyecto con una arquitecta patrimonialista de la provincia e inició la búsqueda para el financiamiento de la obra en el ejercicio 2024 de un museo y sitio de memoria de la Masacre de Napalpí en el Edificio Histórico de la Administración de la Reducción -ubicado en Colonia Aborigen.
A ello se suma lo realizado también y que tiene que ver con mobiliario, equipamiento e insumos para la creación del espacio cultural y sitio de memoria (museo y archivo) y el comienzo de las tareas de limpieza, identificación, conservación preventiva, clasificación, almacenamiento y traslado de todo el material documental hallado en el edificio histórico de la Reducción de Napalpí.
En cuanto a las medidas de implementación de políticas públicas de reparación histórica a los pueblos Qom y Moqoit. La unidad ejecutora, que lleva adelante el cumplimiento de la sentencia, dio cuenta de que desde el gobierno provincial presentó un plan de urbanización de Colonia Aborigen, puesto a consideración de la comunidad en una audiencia pública realizada a comienzos de 2022.
El informe presentado en la justicia detalla también que entre 2022 y 2023 se ampliaron y se construyeron nuevos edificios para escuelas, se pavimentaron e iluminaron ocho cuadras que conectan el centro de salud y las escuelas, se construyó un nuevo edificio del Instituto del Aborigen Chaqueño, se instaló un nuevo tanque para la provisión de agua potable por parte de la Administración Provincial del Agua (APA) y se pavimentaron los 7 kilómetros de la ruta de acceso a Colonia Aborigen que se había realizado en el año 2021.
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La sentencia de la justicia federal ordenaba también un plan de trabajo para que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) continúe con las excavaciones, búsqueda y exhumaciones de fosas comunes de las víctimas. Sobre esto, la unidad ejecutora resaltó que en agosto y septiembre de 2023 la organización llevó a cabo dos etapas de trabajo con la debida consulta e información previa a las comunidades.
Con ello informó que es viable la continuidad de la búsqueda de fosas en las áreas denunciadas y bajo estudio ante la posibilidad de obtener nuevos datos históricos sobre probables sitios de entierro, o bien la aplicación de otras estrategias de prospección y excavación arqueológica. A esto se suma que el Congreso de la Nación debe también determinar al 19 de julio como Día Nacional de Conmemoración de la Masacre de Napalpí. Por el momento el proyecto de ley presentado para ello tiene despacho favorable de la Comisión de Cultura de la cámara alta.
Otra de las medidas planteadas tenían que ver con que el Estado Nacional debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en los hechos, con participación de las víctimas de los pueblos Qom y Moqoit. Esto aún está pendiente de realización. La unidad ejecutora detalló en su informe que durante el transcurso de este año el Poder Ejecutivo provincial y la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación intentaron gestionarlo en varias oportunidades y que no pudieron llevarlo a cabo debido a las complejidades derivadas del año electoral.
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