El 17 de junio de 2022, Ana Carolina Picone se disparó en la cabeza utilizando el arma reglamentaria de su entonces pareja, el guardiacárcel Gerardo David Bazán, en su casa ubicada en El Colmenar, Tucumán.
El fiscal Ignacio López Bustos acusó a Bazán por "instigación al suicidio" ya que la muerte se daría en el marco de una relación de tres años marcada por la desigualdad de poder, violencia física, psicológica y económica.
Por su parte, la defensa del acusado, Silvia Furque y Gerónimo Martínez Molina, con quienes este medio intentó comunicarse sin éxito, habían expresado a la prensa que la Justicia "deberá demostrar que el defendido actuó con dolo para que ella decidiera quitarse la vida".
Y agregaron: "Contamos con todas las evidencias para demostrar que no hubo ninguna instigación. Al analizar pruebas de manera parcial, la Justicia está desvirtuando lo que es la violencia de género”.
Sin embargo, Melisa García, fundadora y presidenta de Abofem Argentina, no está de acuerdo con esa enunciación por lo que, en diálogo con Tiempo Judicial, explicó: "En este caso, es cierto que hay muchas cosas que son cuestión de prueba, pero está bien que se investigue contextualizando el hecho, ya que en un contexto de violencia de género sostenido se dan innumerables vejaciones y maltratos que, evidentemente, aumentan cuando el supuesto agresor es un uniformado que porta armas".
Es que, según datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, año tras año, entre un 15 y 17% de los femicidios medidos anualmente son perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad.
Y tal como señala el informe del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, durante el 2023 se cometieron 308 femicidios, de los cuales 11 femicidas eran policías (2 de ellos retirados), 1 militar, 1 gendarme y 1 pertenecía al Servicio Penitenciario.
Debe contemplarse que la mayoría de las situaciones de la violencia de género y/o doméstica no llegan a denunciarse en la Justicia por miedo de la víctima y falta de recursos. Esto se agrava aún más cuando el agresor es parte de las fuerzas que podrían intervenir en caso de concretarse la denuncia.
"Siempre hay investigar el contexto, porque cuando una persona que sufre violencia de género toma decisiones en ese marco que la oprime y la coarta", puntualizó García.
Por lo expuesto, el fiscal Bustos solicitará que se lo condene a cuatro años de prisión, el máximo plazo que estipula el Código Penal. Y cabe destacar que en enero de 2022, Bustos ya había logrado una pena de dos años para Julio Antonio Soria por la misma razón, quien al llegar a la casa de su ex pareja Rosa del Valle Poma discutió fuertemente con ella, causando que la mujer se prendiera fuego y muriera a los pocos días.
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