En una carta dirigida a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Barbosa Damián Alberto, Presidente de la Asociación de Penalistas Litigantes Independientes (APLI), expresó la creciente inquietud entre los abogados de la provincia por la persistente resistencia de algunos tribunales a volver a las audiencias orales presenciales, una práctica que fue interrumpida durante la pandemia de 2020.
La misiva, redactada en cumplimiento de lo acordado por el Consejo Directivo de la APLI, destacó la relevancia de la inmediación en el sistema judicial y aboga por la realización de audiencias de manera física cuando así lo requieran las partes involucradas. En esa línea, destacaron que la preocupación expresada por Barbosa se fundamenta en el feedback recibido por muchos colegas de la asociación, quienes ejercen en distintos Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos Aires y dijeron estar preocupados por la postura adoptada por ciertos órganos judiciales.
El comunicado afirma que los mismos mostraron una marcada tendencia a fomentar y, en algunos casos, imponer la realización de audiencias de forma remota y virtual, incluso después de que la crisis sanitaria que motivó esta medida haya disminuido considerablemente. Por ello, si bien Barbosa reconoce los beneficios operativos que la virtualidad puede ofrecer en términos de agilidad y accesibilidad, especialmente para acortar distancias y facilitar la conectividad entre los diversos actores del sistema judicial, advierte que en muchas ocasiones la presencia física es crucial para garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las partes, como el acceso a la justicia, el derecho a ser escuchado y la defensa en juicio, pilares esenciales del debido proceso reconocidos tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales.
En ese marco, el comunicado detalla varios argumentos a favor de las audiencias presenciales. Se resalta, a su vez, que la inmediatez que ofrece este formato fortalece la preparación del caso, la litigación y el contradictorio, al dar mayor dinamismo y valor a la palabra y al discurso. Asimismo, se hace hincapié en que la comunicación e interacción entre los intervinientes se ve favorecida, evitando demoras e interrupciones derivadas de problemas de conectividad, como los que suelen surgir en las audiencias virtuales.
Barbosa afirmó contundentemente que "no existe motivo jurídico o normativo alguno que le permita a un órgano jurisdiccional privar al justiciable de su derecho constitucional de ser oído y de ejercitar su defensa material personalmente ante el tribunal que lo juzgará", y sostiene que cualquier decisión en sentido contrario constituye una afrenta al debido proceso y una limitación al ejercicio profesional de los abogados, en contravención con la Ley 5.177.
El comunicado también hace referencia a resoluciones de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que respaldan el retorno gradual a la presencialidad en el ámbito judicial, siempre y cuando se garanticen las medidas sanitarias pertinentes. En tanto, se menciona la directiva del Procurador Dr. Julio Marcelo Conte Grand, que insta a los agentes del Ministerio Público a prestar servicios de manera presencial.
La Asociación de Penalistas Litigantes Independientes concluyó en solicita a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que instruya a todos los Tribunales Inferiores para que, cuando las partes o sus letrados así lo requieran, las audiencias fijadas se realicen de manera presencial, adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes.
Nota para la SCBA presencialidad
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