La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso extraordinario presentado por una funcionaria judicial del juzgado Federal de San Rafael, provincia de Mendoza. La funcionaria fue condenada por falsificación y adulteración de instrumento público. Los detalles del caso.
La sentencia fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Maqueda y Ricardo Lorenzetti y tiene que ver con el caso de la ex secretaria del Juzgado Federal de San Rafael, María Laura Bacigalupo Frías, condenada por modificar las cifras de base del remate de un inmueble.
Según consta en el expediente el 6 de noviembre de 2009 se ordenó subastar un inmueble y se fijó el monto en 111.913 pesos. En la aclaración numérica de esa cifra se omitió colocar el número que formaría la centena de mil y la subasta se realizó con una base del 10% del valor que se había fijado.
Esto quedó plasmado en el proveído con el valor de 11.913 pesos conforme letra, firma y sello de la aclaración puesta al pie del escrito por la exfuncionaria judicial que suprimió de la base de la subasta la palabra “ciento”, salvando al pie del proveído con la certificación “s/borrado vale”.
Por lo que la subasta, que se llevó a cabo en febrero de 2010 sobre la base de 11.913 pesos, culminó realizándose con una base menor y el inmueble en cuestión fue adquirido sólo por 22.700 pesos. Esa subasta fue finalmente anulada se inició una investigación.
El 28 de agosto de 2018, el Tribunal Oral en lo Federal N° 1 de Mendoza condenó a Bacigalupo Frías a un año y medio de prisión e inhabilitación absoluta por tres años por los delitos de falsificación por adulteración de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La defensa apeló esa decisión, que fue confirmada por la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal y ahora el caso llegó al máximo tribunal del país que desestimó el planteo presentado por la ex funcionaria.
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