Diversas organizaciones pidieron al Poder Ejecutivo que retire las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sostienen que para integrar el máximo tribunal del país se requiere “idoneidad y compromiso con los derechos humanos” algo que los candidatos propuestos “no satisfacen”.
El pedido fue realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Unión de Usuarios y Consumidores.
Las organizaciones detallan, en un comunicado difundido el pasado miércoles, que “resulta esencial que esté integrada por personas cuya trayectoria refleje probada idoneidad e independencia, así como un fuerte compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos” algo que “desafortunadamente, ni Ariel Lijo ni Manuel García-Mansilla satisfacen”.
Sobre Lijo recordaron las graves denuncias contra el magistrado en el Consejo de la Magistratura que incluyen la falta de investigación de causas de corrupción, a la dilación arbitraria de los tiempos procesales y al enriquecimiento ilícito, así como de una denuncia penal por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias.
“Dichas denuncias son impropias de un candidato al más alto tribunal. Resulta esencial que ningún halo de sospecha recaiga sobre quienes tendrán a su cargo la decisión de las causas judiciales más importantes de nuestro país”, explican las organizaciones.
Además recuerdan que Lijo no posee un curriculum vitae acorde al cargo al que aspira puesto que “no muestra ningún otro mérito profesional o académico suficiente para ser magistrado de nuestro máximo tribunal”. Y no tiene ni trayectoria académica y profesional y menos un amplio reconocimiento en la comunidad del derecho.
Sobre el otro candidato, García-Mansilla, aunque “cuenta con mayores antecedentes académicos” que Lijo “resultan preocupantes sus visiones sustantivas sobre ciertas temáticas, dado que estas podrían impactar en la adecuada defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país”.
Preocupa, entre otras cosas, sostiene que la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos está supeditada a su compatibilidad con los “principios de derecho público” y desconoce el valor vinculante de los instrumentos de los organismos creados para su interpretación y aplicación.
Además, “se ha expresado en contra del derecho a interrumpir el embarazo, incluso en casos de abuso sexual, causal prevista en el Código Penal desde 1921”. “Resulta preocupante que su razonamiento omita por completo considerar los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes como un valor a tener en cuenta en la discusión”, dicen las organizaciones.
Es por ello que exigieron que se retienes las candidaturas y se proponga a personas que “satisfagan los estándares que deben reunir quienes integren nuestro máximo tribunal y, en su defecto, al Senado de la Nación que rechace los pliegos enviados”. Además instaron a la dirigencia política a “analizar las transformaciones que la Corte necesita para cumplir adecuadamente las funciones que la sociedad y el respeto de la Constitución le exigen”.
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