Luego de casi un lustro de que se patee el juicio oral a los empresarios imputados en la "Causa Cuadernos", muchos de ellos podrían evitar sentarse en el banquillo.
De los 159 procesados originales quedaron 157. Uno de ellos, Juan Chediack, falleció en un accidente aéreo. El otro, Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y exdueño de la constructora Iecsa, fue sacado del proceso por la Cámara de Casación en los últimos días luego de admitir el pago de dinero a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner pero sostener que fueron "aportes de campaña".
Fue el periodista Diego Cabot quien reveló en La Nación el entramado que quedó registrado en los cuadernos del chofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno, quien anotó en un cuaderno todos los viajes que hacía con funcionarios del gobierno para cobrar dinero.
El propio Cabot sostuvo en los últimos días que "en la causa Cuadernos se puede encontrar un maravilloso compendio de fórmulas procesales, argumentales y jurídicas destinadas a terminar con el proceso antes de que llegue a juicio oral. Ese incómodo momento donde se leen los cargos, declaran los testigos, se produce la prueba, se escuchan los alegatos y, finalmente, se conocen los culpables y los inocentes, es la instancia que la gran mayoría de los imputados quiere evitar".
Tras el vía libre que dio Casación, la causa podría quedar casi vacía de empresarios. En el caso de Calcaterra, la Cámara dispuso que fuera enviado a la Justicia Electoral al tratarse de "aportes a la campaña".
Junto a él, otros empresarios involucrados que admitieron los pagos señalaron que fueron con fines de apoyo político. Se trata de casos como el de Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Eurnekian y Alejandro Ivanissevich, a quienes el juez Julián Ercolini validó sus argumentos.
"Varias decenas más de imputados, intentarán el mismo camino. Como se dijo, prefieren la infracción electoral aunque eso implique no dejar duda sobre los hechos antes de que la foto en el juicio oral", señaló Cabot.
Otros de los señalados, el Grupo Techint, sostuvo que los pagos se hicieron por "razones humanitarias" con el fin de destrabar la repatriación de empleados que luego de que el gobierno de Venezuela expropiara la empresa, habían quedado en el país.
Paolo Rocca y Luis Betnaza, CEO y directo del Grupo Techint.
En la causa se investigan 540 hechos delictivos que se tipificaron en 26 calificaciones jurídicas y la fiscalía propuso casi 900 testigos y solicitó 13 pericias.
Por ahora el juicio no comienza. El 12 de junio, la fiscal Fabiana León presentó a Casación un recurso en el que señaló: "Ya se ha agotado todo tiempo prudencial. La fiscalía a mi cargo no avala demoras ni retrasos en la tramitación de las causas, ni las ha originado. Eso aún contando con 4 colaboradores y poco espacio".
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