El Gobierno anunció este viernes que presentará un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años; actualmente es de 16.

Siempre polémica, la nueva Ley Penal Juvenil que abarca las edades entre los 13 y 18 años fue presentada por el ministro de Justicia, Mariana Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y será enviada al Congreso de la Nación en las próximas semanas.

Según informaron, su objetivo es “evitar la impunidad de los crímenes cometidos por los menores” y “combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil”.

Voces a favor y en contra de la baja de la edad de imputabilidad

“Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal", indicaron.

Bullrich señaló que es "un día importante para el país para tantas familias que perdieron a sus hijos en manos de un menor. Ese menor después de un delito volvió a su casa como si nada hubiera pasado. Que no tengan condena es la peor condena como país”.

Por su parte, el ministro de Justicia señaló en sus redes sociales: "Delito de adulto, pena de adulto". Y agregó: "Nuestro compromiso es con la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos de bien".

Desde el Ministerio de Justicia señalaron que la iniciativa se debe a una "modernización y adecuación de la legislación a la realidad presente, producto de los acelerados cambios sociales, de los que los jóvenes no están exentos en cuanto a la actuación y comprensión de la criminalidad de los actos; el desfasaje normativo con respecto a otros países de la región; pero principalmente la protección de los niños y jóvenes, amparados en la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país. Establece que los adolescentes tienen derechos especiales que deben ser protegidos y respetados en todo momento, incluido el derecho a ser tratados de manera justa y equitativa en el sistema de justicia penal".

Y agregaron: "La ley debe garantizar que las respuestas judiciales para los adolescentes imputados estén en consonancia con estos principios y debe ofrecer medidas diferenciadas que tengan en cuenta su edad, nivel de desarrollo y circunstancias individuales. Y en esta línea, la necesidad de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado para reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad".

El comunicado del Ministerio de Seguridad: