A poco de cumplirse 30 años del atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994, el presidente Javier Milei enviaría un proyecto para reactivar los juicios por los atentados tanto a la Asociación Mutual Israelita como a la embajada de Israel.
Según trascendió, el equipo Legal y Técnico del Gobierno trabaja para impulsar los juicios orales y público y busca modificar el artículo 290 del código Procesal Penal, el cual establece la obligatoriedad de la presencia personal de los imputados por juzgar en delitos calificados como terrorismo, genocidio y de Lesa Humanidad.
De esta manera, sin la presencia de los imputados, podría realizarse el juicio una vez que pasen 12 meses de que se pida la captura internacional y el Estado le asignaría un defensor oficial a los acusados a no ser que ya hayan designado uno con anterioridad.
En abril pasado, la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma sentenció que los atentados fueron organizados por la República Islámica de Irán y ejecutados por la organización terrorista Hezbollah.
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