A raíz de la reacción del gobierno de Venezuela ante las protestas por los resultados oficiales y cuestionados de las elecciones del domingo pasado, se presentó ante la Justicia argentina la solicitud de captura internacional de Nicolás Maduro.

El pedido fue realizado por ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, y el abogado Tomás Farini Duggan, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y FADD ante el juez federal, Sebastián Ramos.

Vale aclarar que el magistrado de Comodoro Py ya posee una causa de justicia universal por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Los hechos públicos (aquellos que se transmiten todos los días en redes sociales y canales televisivo) que exponen la sistemática ejecución de desapariciones forzadas, amenazas con armas de fuego, lesiones y ejecuciones en la vía pública por parte de funcionarios o adeptos al régimen que dirige Nicolás Maduro Moros desde el día en que se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela, obliga a los suscriptos a requerir la inmediata orden de detención internacional de los imputados en esta causa", señala el texto presentado a Ramos.

En el escrito se exige que "se disponga sus extradiciones, y de esa forma asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley (art. 280 CPPN); es decir, que los imputados rendirán cuenta por los graves delitos de lesa humanidad sistemáticamente ejecutados en contra del pueblo Venezolano".

"Todos estos hechos, que han sido ejecutados por los órganos de seguridad del Estado Venezolano o por organizaciones paramilitares también armadas y dirigidas por el Estado que encabeza Nicolás Maduro, no solo se encuentran previstos y reprimidos en el artículo 142 ter del C.P. y receptado en la Ley 26.298, sino que son objeto de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual nuestro país y Venezuela son parte", agrega.

La causa que ya está en poder de Ramos es por secuestros, torturas y homicidios de dirigentes opositores y ya se han tomado declaraciones a doce testigos. A su vez, se pidieron informes a Caracas y a la Corte Penal Internacional.