Lo que parecía un tema saldado en la sociedad volvió a entrar en debate. El hecho de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar murieran en prisión fue replanteado en los últimos días por funcionarios de la cúpula ministerial.
Durante la jornada de ayer, mientras se presentaba en nuevo sistema acusatorio que entró en vigencia en la región de Cuyo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirieron a la cuestión.
"Es un tema que lo han sacado mucho en estos días. Tal vez hay un estudio individual, pero nada colectivo", señaló el jefe de la cartera judicial, quien ya había afirmado que le parecía salvaje que algunos represores ancianos y enfermos debieran cumplir la condena en la cárcel.
Por su parte, Bullrich no descartó el hecho de otorgarles la prisión domiciliaria y comparó el accionar de los represores con delitos comunes.
"Lo que tiene que primar es la igualdad ante la ley. A los 70 años las personas que están condenadas por cualquier delito, ya sean robos, homicidios o lo que fuere, pueden salir. Hay casos de detenidos por delitos de lesa humanidad que tienen 90 años con enfermedades terribles en prisión. Una cosa es cumplir con la condena y la otra es obligar a cumplir una condena con cáncer terminal en una cárcel”, indicó.
Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, señaló al respecto: "La prisión domiciliaria no tiene que ser vista como un privilegio. Si contamos con buena tecnología tiene que ser vista como una contribución del sistema penitenciario. Pero si funcionara correctamente el sistema judicial y de represión del delito, habría mucha más gente privada de la libertad".
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