Los últimos nueve meses en materia penitenciaria han transcurrido de manera vertiginosa. Aun en el vértigo, la gestión emprendida a partir del cambio de gobierno y en consecuencia de autoridades en la materia, se ha dado con un claro y nítido direccionamiento que ha permitido surfear con éxito, las consecuencias del cambio que, por otra parte, justo es decirlo, se encuentra en pleno desarrollo.
La estrategia fue (es) clara, recuperar el control carcelario para pivotear desde allí, las medidas necesarias de manera articulada y coordinada con el resto de las fuerzas de seguridad y policiales que a nivel nacional, operan en este nuevo escenario que afecta al mundo y particularmente a la región: la irrupción violenta del crimen organizado, con sus características y particularidades disruptivas para la seguridad publica y la vida en sociedad.
Medidas desacertadas tendientes a homogeneizar la realidad carcelaria habían convertido la seguridad penitenciaria, poco menos que en una práctica ilegal, en un oxímoron que cercenaba la libertad de las personas que se encontraban (precisamente) privadas de la libertad.
Esta forma de interpretar la política penitenciaria, en contexto, fue la alfombra roja que tapizo el camino para que las bandas criminales de estructura compleja comenzaran a desarrollar (detrás de los muros de las prisiones), sus estrategias operativas que iban desde el reclutamiento de nuevos integrantes a través del proselitismo criminal, la planificación de nuevos hechos y el control de su ejecución, la gestión económica del producto de la actividad ilícita, pasando por la disputa del territorio y poder, llegando al paroxismo de desafiar al estado a través de practicas terroristas como fueron los homicidios random ordenados desde la prisión.
No fue magia, la falta de ESTADO dentro de los establecimientos Penitenciarios, logro la torsión del concepto de cárcel prisión al de cárcel bunker. Sus consecuencias fueron letales. Entre los años 2020 y 2023 se registraron por primera vez en nuestro país, muertes violentas de personas ordenadas desde las cárceles la mezcla entre presos por falta de categorización en función de riesgos, genero la planificación de fugas de lideres de bandas criminales y fugas aun no esclarecidas de integrantes de esos grupos que, por falta de Inteligencia Penitenciaria, se alojaban en lugares no preparados para contener internos de tales características. La fuga de “caníbal” LAFERRARA de la ex cárcel de devoto (hoy recapturado) es la materialización de lo expuesto.
SITUACION ACTUAL
El Servicio Penitenciario Federal como cabeza del Sistema Penitenciario Nacional, ha logrado reencausar su actividad retomando la gestión activa de la seguridad y control sobre los establecimientos de su jurisdicción y por acción coordinada del COFEPE (Consejo Federal Penitenciario), ha sumado a la mayoría de las provincias a la gestión de sus espacios de encierro en la lógica del control de las actividades de su población penal, sobre todo a la vinculada a estructuras criminales del orden local, regional y transnacional sin renunciar a misión de reinsertar socialmente a los condenados a penas privativas de la libertad.
La creación y puesta en marcha del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal, a través de la Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación y su similar de la Provincia de Santa Fe, a través de la promulgación de la nueva Ley de ejecución penal 14243, en la que se prescriben las normas de trato para internos de alto perfil, son hitos en este esfuerzo por neutralizar el accionar de la criminalidad organizada y sus resultados, son mensurables en logros tales como la ostensible baja de muertes violentas registradas en uno de los epicentros de la actividad de estas organizaciones, Rosario y su zona de influencia.
Sin embargo, quedan muchas cuestiones por revertir en las que las autoridades se encuentran trabajando. La construcción y pronta puesta en marcha de nuevas plazas de alojamiento de internos, servirán para descomprimir la incipiente sobrepoblación penal que se registra a nivel Federal y colateralmente descomprimirán la situación de las fuerzas policiales y de seguridad cuyos detenidos deberían ser recepcionadas por el S.P.F.
En esta lógica uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el SPF es el control de su economía informal, y dentro de esta, encontrar el correcto funcionamiento de sus sistemas de proveedurías o cantinas internas, dado que cuenta con un servicio completamente desintegrado, desestructurado y parcialmente autónomo de proveedurías de comestibles e insumos varios, para usufructo de los internos alojados en las Unidades de su jurisdicción, de las personas que concurren a las unidades en calidad de visitantes de internos en cualquiera de sus variantes (familiares, amigos, allegados, curadores, abogados defensores, apoderados, etc.), e incluso del propio personal penitenciario.
Dicha actividad no es nueva ni reciente en el ámbito del SPF; este servicio se encontraría operativo de la misma forma que en la actualidad, al menos en los últimos 40 años, con algunas variantes menores, siendo estas la ampliación de ciertos licenciatarios que explotan este tipo de proveedurías en Unidades del interior, donde la particularidad siempre ha sido que el personal penitenciario se encargaba de comprar los “pedidos” que al menos una vez por semana, a través de un simple solicitud de mercaderías e insumos de elementos permitidos para su uso en la cárcel, efectuarían los internos.
ECONOMIA INFORMAL – NEXO NECESARIO:
La cárcel a pesar de ser un ámbito que se presume de control total por parte del estado no ha podido evitar a lo largo de su historia, que los elementos prohibidos reglamentariamente y aún más, aquellos cuya tenencia y comercialización configura un delito, circulen en su interior.
Muchos de esos productos prohibidos, para vulnerar la seguridad Penitenciaria, cuentan con el auxilio inestimable de personal Institucional infiel, que es cooptado por diversas estructuras delictivas (procedimientos de Asuntos Internos SPF han logrado la detención de personal Institucional involucrado en causas con organizaciones narco criminales ), quienes para completar el “circuito negativo de la gestión prohibida”, podrían utilizar o utilizarían los servicios de algunas personas vinculadas a las proveedurías, para convertir en dinero el producto de los elementos prohibidos. Este fenómeno se inscribe en la economía informal de los establecimientos carcelarios.
Algunas fuentes dan cuenta, que acorde a la logística requerida para ingresar y distribuir estos elementos prohibidos, el valor de estos se multiplicaría por siete, al costo que dichos elementos registran en la calle.
Parte de las concesiones actuales habrían sido otorgadas mediante un mecanismo de excepción que si bien no sería ilegal, por su extensión e implicancias, contexto y potencialidad, ciertamente no sería legítimo y mucho menos aceptable.
A los efectos de subsanar la anarquía imperante que en muchos casos vulneraba la seguridad Penitenciaria, las actuales autoridades se encontrarían en pleno desarrollo de una estrategia de reconversión sistémica, la que contemplaría un amplio llamado a licitación de empresas proveedoras o supermercadistas a quienes les interese este tipo de servicio (que constituye un legítimo negocio) a los efectos de neutralizar el esquema de dispersión de prestadores, cuya amplitud y diversidad ha complejizado la función de control y contralor de estas actividades, poco conocidas pero verdaderamente sensibles en el entorno penitenciario.
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