Este lunes, el juez federal Hugo Greca condenó a siete miembros de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu por los delitos de atentado, resistencia a la autoridad y usurpación de dos predios en Villa Mascardi, Río Negro.
Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Romina Rosas y Mayra Aylén Tapia recibieron una pena de dos años con ejecución en suspenso.
Yessica Fernanda Bonnefoi recibió una condena de dos años y dos meses como coautora del delito de usurpación y Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña fueron condenados a dos años y seis meses de prisión en suspenso.
Betiana Colhuan, fue absuelta ya que tenía 16 años y era menor de edad cuando ocurrió el episodio. El viernes pasado sostuvo que la comunidad no eligió ese lugar por “un negocio inmobiliario o turístico” sino porque “toda la vida estuvimos vinculados con ese territorio, y hoy ahí está la placenta de los hijos que parí en el lugar”.
Los defensores habían asegurado que la sentencia ya estaba "escrita y firmada" y que "se montó un show político para seguir estigmatizando al pueblo mapuche".
Al conocerse la sentencia, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) indicaron que "el conflicto sigue abierto" y que "el Estado podría haber resuelto el conflicto en una mesa de negociación, pero decidió cerrarla y apostar al castigo penal".
"La ocupación se inició en 2017. Hubo dos desalojos violentos, uno ese mismo año, en el que fue asesinado Rafael Nahuel. La comunidad volvió al territorio y permaneció allí por cinco años. Otro operativo de fuerzas federales los desalojó en octubre de 2022", detallaron.
"Las reivindicaciones territoriales de las comunidades no pueden ser tramitadas como un simple delito de usurpación. Se trata de una demanda histórica, reconocida por la Constitución nacional, que tiene en su origen el despojo territorial que sufrieron los pueblos originarios", reclamó el CELS.
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