En la provincia de Tucumán, en el año 1994, se creó el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) como un supuesto ente autárquico vinculado con el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Seguridad, cuya función primordial debiera ser la de prevenir la enfermedad y controlar la venta de bebidas alcohólicas.
Años más tarde, en 2002, se derogó la ley 6.600 y se aprobó la 7.243, en la cual se establecieron políticas de control del alcoholismo mediante el organismo, al que se le asignaron funciones de fiscalización, siendo, en la teoría, su principal tarea.
A tres décadas de su creación, su estructura se expandió y denuncian que es una "cueva política" que "extorsiona comerciantes".
Está intervenido desde 2023 por Dante Loza, hombre de confianza del exgobernador y caudillo tucumano, José Alperovich, condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual.
Según indicó el legislador José Macome de La Libertad Avanza, "el IPLA es un organismo burocrático, que sólo persigue un objetivo recaudatorio y que se convirtió en una cueva política".
En ese sentido, propusieron que sea el Ministerio de Salud el que asuma la competencia para luchar contra el alcoholismo.
"Está claro que el IPLA, así como está, es un organismo que no está a la altura de la circunstancia. Ha sido un fracaso porque no se hizo nada para disminuir el consumo de alcohol", denunció.
Y detalló: "Nosotros proponemos que el IPLA sea reemplazado por un Registro Público de Expendedores de Bebidas Alcohólicas, que sea gratuito, online y transparente, para que los comerciantes no puedan ser extorsionados por un organismo que sólo busca sacarles plata".
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