Luego de que se allanara Osprera, la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), su titular José Voytenco apuntó contra el juez Federico Villena, quien dio la orden, y denunció una medida judicial ilegal, arbitraria y perjudicial.
Villena actuó luego de una denuncia por lavado de dinero realizada por Marcelo Andrada, el secretario general de la UATRE en La Plata, opositor a la dirigencia nacional.
Según Voytenco, "Osprera y la UATRE fueron víctimas de la operación política y judicial más bochornosa que se haya conocido".
Y señaló directo al magistrado de Lomas de Zamora, Federico Villena: "Tomó una denuncia de un opositor, basado en una falsa investigación periodística. Sin investigar absolutamente nada, al igual que el informe periodístico le da curso a una intervención en allanamiento, traído de los pelos".
"En el medio también hubo una movida designando una administradora provisoria, y luego eso, una semana después, salió un decreto del poder ejecutivo interviniendo en la obra social. Una sentencia del juez de La Pampa vuelve a poner en funcionamiento al Consejo Directivo de la obra social designado el 1º de julio a partir del 20 de agosto. Y a partir de ese momento empezamos a trabajar firmemente en un esquema para recuperar nuestra obra social y poner en la servicio a nuestros afiliados", señaló en diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre.
Y continuó: "Por eso decimos que el juez federal Villena dictó una medida judicial que para nosotros consideramos ilegal, arbitraria y perjudicial para nuestra institución y nuestros beneficiarios. Esta resolución, impulsada en conjunto con la superintendencia, responde a intereses que nada tienen que ver con los trabajadores y tampoco tienen en cuenta el bienestar de los beneficiarios de la obra social".
El juez Federico Villena.
Consultado sobre quiénes fueron las personas detrás la acción judicial, Voytenco, insistió: "En este caso de la superintendencia, porque yo creo que se ha extralimitado en sus funciones. Nosotros podemos demostrar la transparencia de la gestión y pueden investigar todo lo que quieran, pero acá no hay nada de lo que se dice. Tenemos la conciencia tranquila y lo único que hacemos es trabajar por nuestra gente".
En ese sentido aseguró que "existe una acción política, jurídica, que atenta contra los intereses de la organización" y apuntó contra Gabriel Oriolo, el titular de la Superintendencia de Salud.
"No hay fundamento para una intervención. Estamos en funciones y estamos haciendo las cosas como corresponde. Somos los únicos responsables y conocemos qué tenemos que hacer para tener una obra ordenada y que llegue con beneficio de salud", añadió sobre la OSPRERA, que responde a más de 650.000 beneficiarios.
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