Gabriel Fernández cambio su identidad a Gabriela luego de ser señalado por maltrato y violencia de género por sus exparejas, rechazó las acusaciones y sostuvo que no podía ser imputada por violencia de género al ser una mujer.
El cambio de identidad lo hizo en medio del proceso judicial y tras ser confirmadas las imputaciones pidió alojarse en un penal de mujeres en Córdoba, donde violó y embarazó a una interna.
Mientras el tribunal confirmó la prisión preventiva y que la causa avance al juicio oral, ordenó que Gabriela sea alojada en un lugar especial sin contacto con hombre y mujeres, donde no se ponga en riesgo a otras internas y que al mismo tiempo se respete su identidad.
"Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres", indicó el fallo del Tribunal integrado por los jueces Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies.
"Paradójicamente, nos encontramos ante un supuesto contrario al previsto, es decir, la imputada, quien se autopercibe mujer y perteneciente al grupo LGBTI, es la que convierte en víctimas o presas de sus necesidades o gustos a sus compañeras, aprovechando, claro está, que se encuentra alojada en un establecimiento que no estaría preparado para esos casos de excepción, al menos por el momento", agregaron.
Además de la reciente acusación por abuso sexual, Gabriela está señalada por privación ilegítima de la libertad calificada por el vínculo, lesiones leves calificadas, amenazas calificadas, amenazas simples y daño, todo en concurso real y desobediencia a la autoridad.
"La imputada fue condenada por delitos vinculados a violencia de género, antes de su autopercepción como mujer. Ya en ese carácter, logró ser trasladada a un establecimiento exclusivo para mujeres, lugar donde cometió varios delitos vinculados a la violencia de género, siendo todas sus víctimas, claro está, mujeres que mantenían con Fernández una relación de pareja. Una vez en libertad, surge confusamente que formula denuncias contra su pareja del momento adoptando su anterior identidad (masculina). Otras parejas de ese lapso en libertad también la denunciaron por hechos vinculados a violencia de género", indicó la Justicia.
Desde el Servicio Penitenciario, advirtieron: "La interna Fernández, desde su ingreso a esta unidad, se ha esgrimido como un referente negativo en el pabellón de mujeres, manifestándose como una interna intrépida y temeraria, para con el resto de sus pares, sometiéndolas en la convivencia a través del maltrato verbal y psicológico, utilizando su condición de género ‘binario’ como amenaza, lo que lleva a que se sientan desprotegidas en este sector, imponiéndose en los términos ‘de los viejos códigos carcelarios’, lo que le permitió disponer de la voluntad de sus pares para todo tipo de conductas violatorias a las normas del establecimiento, siendo sindicada, además, como la autora intelectual de conductas antirreglamentarias, comportamientos que alteran el orden y la disciplina de manera permanente en el mencionado sector".
En ese sentido, el Tribunal remarcó: "No estamos ante un caso de no reconocimiento de derechos, o de exigencias administrativas o judiciales excesivas o inapropiadas, se trata de una limitación fáctica que debemos tener en cuenta antes de tomar la decisión de un traslado de este tipo, asegurarse –dentro de lo posible- la falta de riesgo para el resto de las mujeres alojadas y las funcionarias del Servicio Penitenciario".
"Debe primar, sin lugar a dudas, el aseguramiento del bienestar de las internas y no a las personas con autopercepción femenina sobreviniente", añadieron.
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