Este viernes, la Cámara Federal de Casación Penal retrocedió sobre su propio fallo y los pagos realizados por el empresario Angelo Calcaterra durante la gestión del kirchnerismo volverán a ser investigados como presuntos sobornos.
El pasado 26 de junio, la Cámara había señalado que el dinero era un aporte de campaña, por lo que el primo de Mauricio Macri no iba a ir a juicio oral y, en su lugar, iba a ser analizado su caso por la Justicia Electoral.
La decisión se tomó por dos votos contra uno: Diego Barroetaveña y Daniel Petrone firmaron la nulidad, mientras que Carlos Mahiques en disidencia.
EL FALLO ORIGINAL Y LOS CUESTIONAMIENTOS
El polémico fallo de la Cámara de Casación de apartar el empresario Angelo Calcaterra de la causa "Cuadernos" fue cuestionado el 27 de junio por el Gobierno Nacional a través de la Unidad de Información Financiera, la cual es querellante. También lo hizo el tribunal oral que trabaja en el proceso.
La UFI reclamó la nulidad de la resolución de la Cámara, quien hizo lugar la semana pasada al pedido del ex dueño de IECSA de considerar aportes electorales a los pagos que realizó a funcionarios durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El fiscal Raúl Plee había planteado también la nulidad de la decisión de los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone.
"Vuestra excelencia resolvió la cuestión de competencia sin notificar a esta parte ni permitir al organismo exponer su punto de vista sobre la cuestión, y con ello se restringieron arbitrariamente las facultades recursivas de esta parte, en clara afectación a las reglas del debido proceso penal y tutela judicial efectiva", señalaron desde la UFI.
Y agregó: "Además del defecto formal, la falta de notificación y la indebida obstrucción del ejercicio del derecho a ser oído, se verifica un perjuicio en tanto la resolución (viciada) es contraria a los intereses del organismo. Lo cierto es que, todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.
En la embestida a la Cámara, consideró que el fallo "frustra la pretensión de este organismo de que se celebre el debate oral y público conforme lo expuesto en el requerimiento de elevación a juicio" y "asimila el caso -erróneamente- a la situación de otros imputados, pasando por alto la instancia procesal en la que se encuentra la causa y la pluralidad de hechos que se endilgan a Calcaterra y Sánchez Caballero".
El tribunal oral que llevará adelante el juicio del caso de acusó a los tres jueces de la Cámara Federal de Casación de haber sacado del juicio por sobornos al empresario Angelo Calcaterra y de haber mandado su caso a la justicia electoral “sin justificación legal”.
Germán Castelli, uno de los jueces del tribunal oral, señaló que hay “interferencias funcionales extrañas a la buena administración de justicia”.
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