La Justicia decretó el 30 de diciembre de 2024 una medida cautelar que le ordena al Estado Nacional, a través del Ministerio de Salud y la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), resolver en un plazo de 10 días todos los pedidos de medicamentos que lleven más de 60 días de demora.
A su vez, se indica que adapte, en 20 días, todos los trámites pendientes para que su resolución no exceda los 60 días, conforme lo establece la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
La decisión estuvo a cargo del juez Marcelo Bruno Dos Santos, del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2, tras la presentación de un amparo colectivo de distintas organizaciones de la sociedad civil y familiares que representan los intereses de pacientes y defienden sus derechos.
"El fallo confirma nuestras denuncias respecto a la grave paralización en la gestión de subsidios de mediano y bajo costo, así como en las ayudas a familiares. Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, la falta de gestión ha afectado profundamente a miles de personas, privándoles de los medicamentos esenciales para garantizar su derecho a la Salud, corolario del derecho a la vida", indicaron en un comunicado la Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA), la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA), la Asociación Civil SOSTEN, la Fundación Entrelazando Esperanza, la Fundación Grupo Efecto Positivo y la Asociación Civil Geselina Llegaremos a tiempo.
Por su parte, Florencia Braga Menéndez, fundador y directora de ALAPA, advirtió: "Nos preocupa que hay un decreto que disuelve la DADSE, entonces tenemos miedo de que la cautelar haya salido pero que la DADSE se haya disuelto y signifique que no tengamos donde llevar esa cautelar".
"Además, la resolución subraya la obligación del Estado de cumplir con los principios básicos del derecho administrativo, estableciendo plazos claros y transparentes en la tramitación de expedientes, permitiendo que cada persona conozca el estado de su solicitud y acceda a sus derechos de manera efectiva", agregaron en el texto tras la cautelar.
En este sentido, remarcaron: "Este fallo no solo es una victoria judicial de las organizaciones sino que refuerza un principio fundamental: el derecho a la salud es un derecho humano básico. El acceso a medicamentos que salvan vidas no puede ser obstaculizado por la ineficiencia administrativa ni por decisiones políticas que vulneren la dignidad de las personas. La demora en la entrega de medicamentos esenciales pone en riesgo la vida de las personas y agrava su sufrimiento y el de sus entornos afectivos, por lo que garantizar una respuesta oportuna y efectiva es una obligación ineludible del Estado".
"Seguiremos trabajando para que cada persona en Argentina pueda acceder a los tratamientos que necesita sin dilaciones injustificadas y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del derecho a la salud como pilar esencial de la igualdad y la justicia social", concluyeron.
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