La organización internacional Human Rights Watch, referente en materia de Derechos Humanos, emitió un duro comunicado destinado al gobierno de Javier Milei en el que sostuvo que se debe investigar el uso de la fuerza, respetar la independencia judicial y revisar el protocolo antipiquetes por facilitar violaciones de derechos humanos.
Así mismo señaló que hubo abusos en la respuesta policial a las protestas realizadas en los alrededores del Congreso de la Nación durante la marcha de los jubilados.
"Hay pruebas contundentes de que en varias ocasiones los miembros de las fuerzas de seguridad hicieron un uso indiscriminado y peligroso de la fuerza durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo", señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Y agregó: “El Gobierno debería investigar estos hechos y garantizar que haya rendición de cuentas, en lugar de hostigar a una jueza que liberó a los detenidos de la protesta”.
Respecto del ataque a Pablo Grillo, la organización verificó, geolocalizó y analizó 32 videos y fotografías de la protesta del 12 de marzo, provenientes de extractos de televisión, redes sociales y portafolios profesionales de fotógrafos.
"Los videos y fotografías muestran que un miembro de la Gendarmería Nacional disparó un cartucho de gas lacrimógeno contra Pablo Grillo, un periodista independiente, a las 5:17 p.m.", detallaron.
A su vez, remarcó que "el gendarme disparó el cartucho de gas lacrimógeno en ángulo horizontal, contraviniendo estándares internacionales que establecen que la única forma segura de lanzar estos cartuchos es en arco, de manera que caigan al suelo a menor velocidad".
Sobre el protocolo antipiquetes promovido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló: "En la práctica, criminaliza cualquier impedimento al tránsito derivado de una manifestación y permite a la policía utilizar la fuerza “aun cuando [los manifestantes] no crearen una situación de peligro".
"El protocolo no cuenta con disposiciones que obliguen a las fuerzas de seguridad a utilizar medios razonables en el uso de la fuerza y deroga una resolución de 2011 que prohibía a la policía utilizar pistolas antidisturbios para lanzar cartuchos de gas lacrimógeno como el que hirió a Grillo", añadieron.
Por su parte, Goebertus, advirtió: “El gobierno de Milei está blindando a las fuerzas de seguridad de cualquier intento de rendición de cuentas y presionando a jueces cuyos fallos buscan defender los derechos de los manifestantes”.
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