En medio de la polémica de los últimos meses sobre los proyectos para bajar la edad de imputabilidad en la Argentina que impulsan el Gobierno y distintos espacios políticos y sociales, desde la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes rechazaron la idea.

La titular del organismo, Marisa Graham, señaló que "el gran problema de la Argentina es la desigualdad".

"El quintil que más gana tendrá niñas y niños con mejores oportunidades y que no tendrán el mismo punto de partida que los del quintil que menos gana. Ellos serán los que están muy en el fondo. El problema que nosotros tenemos ahora es cómo acortar esas brechas y poder decir: “No, mire, no es que este niño o esta niña no ha hecho los méritos suficientes para tener la misma calificación que este otro o esta otra. Simplemente que partió de más atrás”", sostuvo en diálogo con La Nación.

Respecto de la situación que atraviesan millones de menores en el país, remarcó: "Ya de por sí, las infancias y las adolescencias en particular, pero la niñez en general es un sujeto social invisible. Antes directamente no se hablaba de la niñez o de la adolescencia como se habla ahora. Pero la niñez pobre es todavía más invisible. Y cuando se convierten en preadolescentes o adolescentes dejan de ser invisibles, pero pasan a ser peligrosos".

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"La niñez pobre en general es un peligro latente. Está esta idea de que una nena o un nene de 10 años no es peligroso, pero va a llegar a serlo casi inevitablemente. Es como que hay un sino trágico. Va a terminar robando, va a terminar delinquiendo, lo cual no es verdad", añadió.

Y continuó: "La historia de la niñez y la adolescencia es un corsi e ricorsi. Avanzás y retrocedés. Si hablamos en términos de derechos concretos, yo creo que estamos en un momento de retroceso. Fíjate lo que está pasando con la idea de bajar la edad de imputabilidad. Esto yo lo he vivido. No es la primera vez, pero esta idea de bajar la edad estigmatiza absolutamente".

Sobre su posición sobre el tema, detalló: "En los años 90 hubo una idea de bajar la edad a los 12 años y fue una corriente en América Latina, a punto tal que la mayoría de los países de nuestra región la bajaron a los 12 años. Fue hace tres décadas y siguen teniendo índices de criminalidad muchísimo más altos que los nuestros: más de 20 puntos, mientras que nosotros, con una edad mínima de 16, tenemos 4 puntos. Pero esta evidencia no se ve".

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Fue entonces que citó un estudio de Unicef que toma a chicos y chicas de 12 a 17 años y que concluye que el 0,45 % de esa franja etaria está implicado en alguna causa.

"Implicado en una causa, es decir que no han sido condenados. Si vos lo leés al revés, en vez de hablar del 0,45, hablemos del 99,5 que está haciendo otras cosas. Está yendo a la escuela, está tratando de vivir como puede", remarcó.

"El propio comité de los Derechos del Niño nos viene recomendando desde el 2002 la reforma de la ley 22.278, que establece el régimen penal de minoridad, pero sin bajar la edad, sin agravar las penas, que para los punibles haya justicia restaurativa y que la privación de libertad sea el último recurso. En este sentido, lo primero que habría que resolver es el problema de los lugares de encierro de los chicos", indicó.

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