Finalmente la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), resolvió quien debe continuar con la investigación por la apropiación ilegal de una menor de edad durante la última dictadura cívico-militar argentina. La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, que dirige María Eugenia Capuchetti, tras un conflicto de competencias con el Tribunal Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Rafecas.
El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por el fiscal general Pablo Parenti, titular de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. En un principio quedó en manos del juez Rafecas, bajo el expediente CFP 14216/2003, iniciado en 1986 y reabierto en 2003 tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final.
Dicha causa titulada: “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ art. 144 bis (...)”, abarca crímenes cometidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, atribuidos a personal del Primer Cuerpo del Ejército y fuerzas subordinadas, con hechos ocurridos principalmente en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y provincia de La Pampa.
Asimismo, la denuncia del fiscal Parenti fue remitida a sorteo y quedó a cargo del Juzgado N° 9, bajo la subrogancia de la jueza María Eugenia Capuchetti. Sin embargo, con el respaldo de la Fiscalía Federal N° 7, la magistrada se declaró incompetente, aduciendo que los hechos denunciados guardaban “conexidad objetiva” con los investigados en la causa madre y que, en consecuencia, correspondía evitar el riesgo de “pronunciamientos contradictorios”.
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Por su parte, el juez Daniel Rafecas rechazó asumir la investigación, considerando que no estaba claro el lugar del delito de apropiación ilegal de un menor, ya que la madre biológica de la víctima, N.B.M., fue vista por última vez en el centro clandestino de detención “Atlético”, antes de ser trasladada, cuando aún estaba embarazada.
Vale destacar que el circuito represivo que sería el escenario de los hechos bajo estudio, consta de tres lugares denominados Atlético, Banco y Olimpo (ABO) que funcionaron como un único dispositivo. Dicho perímetro funcionó desde febrero de 1977 hasta enero de 1979, bajo la conducción del entonces General de División, Carlos Guillermo Suárez Mason, quien encabezaba el Comando del Primer Cuerpo del Ejército, dentro de la catalogada “Zona de Defensa I”.
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