Tras un error administrativo del gobierno de San Luis, en donde se le transfirieron 500 millones de pesos a una cuenta personal, que pertenece a Verónica Costa, la mujer comenzó a gastar el dinero, que también repartió entre sus familiares. Pero tras la denuncia, fue detenida e imputada por los delitos de defraudación al Estado, retención indebida y estafa.

Por lo que la jueza subrogante del Juzgado de Garantía N ° 3, Antonela Panero, solicitó el embargo de todos los bienes adquiridos con el dinero espurio y la inhibición de las cuentas bancarias de la mujer y sus familiares. Además, le impuso una fianza de 30 millones de pesos, que debe pagar en menos de 30 días o quedará detenida.

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Ante ello, Castro comenzó a través de las redes sociales una campaña para recaudar dinero y así poder devolver lo que ya gastó y no quedar detenida. Según informaron más del 90% de los fondos mal transferidos fueron recuperados. Una parte fue devuelta de manera voluntaria, mientras que el resto fue bloqueado en cuentas digitales y billeteras virtuales, cuya trazabilidad continúa bajo análisis de la fiscalía.

Toda la operación se realizó de forma electrónica, lo que permitió a las autoridades seguir el rastro del dinero de manera efectiva. Por su parte, el abogado defensor de los acusados, Hernán Echevarría, sostuvo que el monto de la fianza es “exorbitante e imposible de cumplir” para sus defendidos, a quienes describió como “personas humildes, sin antecedentes, con domicilio conocido y que nunca actuaron de mala fe”.

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“No se trata de una red de estafadores. Fue un error del Estado que ahora intentan cargar sobre estas seis personas como si fueran delincuentes”, agregó el letrado.