El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Ciudad de Buenos Aires, difundió los argumentos de la condena contra Fredy Junior Arturo Zea Ricardo, quien abusó y obligó a tres mujeres a ejercer la prostitución, una de las cuales se suicidó tras ser sometida a extensas jornadas de explotación virtual durante la pandemia.
El hombre de 38 años, fue sentenciado a 25 años de prisión por abusar y explotar sexualmente a tres mujeres, a las que engañó con la promesa de un nuevo trabajo y grandes sumas de dinero, aprovechándose de su vulnerabilidad.
Dicho caso marca un precedente al reconocer la trata de personas en modalidad digital como una nueva forma de esclavitud que opera a través de plataformas tecnológicas. Los fundamentos de la sentencia, señalan que Zea Ricardo utilizó herramientas digitales como redes sociales, plataformas de videochat y aplicaciones de vigilancia para someter a sus víctimas entre 2017 y 2020.
Los actos se sucedieron durante el aislamiento social obligatorio por la pandemia de Covid-19, el condenado intensificó su control, obligando a una de las mujeres, identificada como María Cecilia, a realizar actos sexuales frente a una cámara web mientras era monitoreada en tiempo real mediante auriculares.
Para los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Jorge Luciano Gorini, esta modalidad de explotación permitió al agresor operar bajo el anonimato, sin límites geográficos y sin necesidad de transportar a las víctimas, lo que minimizó los riesgos de ser detectado por las autoridades.
El fallo de 357 páginas detalla que las víctimas, todas jóvenes y provenientes de familias humildes, fueron captadas mediante ofertas laborales engañosas. Zea Ricardo seleccionaba a mujeres con características específicas: bonitas, con interés en el modelaje, poca experiencia laboral y en situación de vulnerabilidad económica. Una vez bajo su control, las sometía a abusos sexuales reiterados y las explotaba económicamente, castigándolas con violaciones si no cumplían con las metas de recaudación impuestas.
Según señaló el tribunal, estas agresiones tenían una “intencionalidad aleccionadora y destructiva”, diseñadas para quebrar la voluntad de las víctimas y poder someterlas. De hecho, una de las victimas identificad como María Cecilia, se quitó la vida tres meses después del inicio de la explotación sexual virtual.
En sus escritos personales que se utilizaron como prueba durante el juicio, la joven reveló el impacto devastador de la esclavitud digital, describiendo que al final de cada jornada su cuerpo y mente quedaban “destruidos”.
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