En el marco de la implementación del nuevo sistema acusatorio que comenzará a regir a partir del 11 de agosto, el Ministerio de Justicia formalizó la cesión de un edificio de 5.000 metros cuadrados dentro del predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en donde funcionaran oficinas para los fiscales federales de Comodoro Py.
“Los espacios que antes eran utilizados para programas ideológicos, ahora servirán para combatir la inseguridad”, indicó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al respecto.
A través de una publicación en la red social X (ex Twitter), el funcionario nacional aclaró que la medida se tomó en sintonía con la orden del presidente Javier Milei de achicar el Estado.
Dicho traspaso del edificio fue presentado como parte de un paquete de medidas orientado a la puesta en marcha del sistema acusatorio. Según detallaron desde la cartera nacional, a lo largo de este año se capacitaron más de 800 agentes judiciales en 12 provincias, con la intención de dar soporte técnico al nuevo modelo para que funcione desde el primer día.
La medida despertó voces en contra ya que implica una utilización de los espacios de memoria reconocidos por ley, como lo es la ex ESMA, en donde funcionan instituciones educativos y de reflexión sobre política de derechos humanos (DD.HH). Además, la decisión del gobierno de Javier Milei no contó con la consulta a los organismos del ámbito de los DD.HH, lo que causó malestar en el ámbito.
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