El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque presentó su renuncia al cargo que ocupa desde 2008, en medio de investigaciones judiciales, en las que se ordenó su prisión preventiva, que cumplirá en su domicilio.
Tiene un proceso abierto en el Consejo de la Magistratura y este 17 de junio debía presentarse para exponer los argumentos de su defensa antes de que lo suspendieran para luego ser destituido.
La renuncia fue enviada al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien ahora debe remitirla al presidente Javier Milei para analizar si la acepta o no.
La renuncia es a partir del 1° de julio y podría ser rechazada por el Consejo de la Magistratura.
LA CAUSA
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al juez federal Marcelo Bailaque, imputado por extorsiones a empresarios y presuntos vínculos con el narcotráfico dela provincia de Santa Fe. La resolución de este lunes 19 de mayo, implica que si el letrado es hallado culpable y destituido por el Consejo de la Magistratura local, no irá a la cárcel.
Además, los camaristas Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal resolvieron reducir a más de la mitad, el monto del embargo que pesa sobre los bienes de Bailaque y desestimar la caución sobre sus cuentas bancarias, que se realizó en el marco de la investigación, aún en ciernes.
El fallo del Tribunal rosarino hizo lugar a una apelación presentada por la defensa de Bailaque, que pidió que le revocaran la prisión preventiva que había ordenado el juez de Garantías Eduardo Rodríguez da Cruz a fines de abril pasado. Esa medida implicaba su detención, pero no se hizo efectiva porque aún conserva sus fueros como titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario.
Si bien, los camaristas rechazaron anular la prisión preventiva, se decidió de forma unánime que el juez cumpla arresto domiciliario por 90 días, plazo que podría prorrogarse con el avance del expediente. Además, le redujeron de 1.400 millones de pesos a $600 millones, el embargo sobre sus bienes y cuentas bancarias. Y se le mantuvo la prohibición para salir del país.
En tanto, el Consejo de la Magistratura de Santa Fe, sigue en un lento proceso analizando la destitución del magistrado que cuenta con imputaciones por extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, y falsedad ideológica de documento público.
Las investigaciones contra el juez federal de Rosario se desarrollan conjuntamente entre los fiscales Juan Argibay Molina (por la Procelac), Matías Scilabra (Procunar) y Federico Reynares Solari (MPF Nacional).
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