Un total de 31 trabajadores rurales, entre ellos dos menores, fueron hallados en condiciones inhumanas en dos predios agrícolas ubicados en Pozo Borrado, al norte de Santa Fe.
La Justicia Federal investiga un posible caso de explotación laboral vinculada a trata de personas, delito que contempla penas de 3 a 15 años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes.
La intervención fue coordinada por la Fiscalía Federal de Rafaela, bajo la dirección del fiscal Gustavo Onel, y llevada adelante por la Policía de Investigaciones de Santa Fe, a través de su área especializada en trata. Allí se comprobó que los trabajadores vivían sin acceso a servicios básicos, en estructuras improvisadas con plásticos, y realizaban jornadas extensas todos los días, por remuneraciones mínimas.
La denuncia surgió a partir de controles realizados por ARCA y RENATRE, que detectaron a 15 personas limpiando terrenos en el establecimiento “Santa Ana”, próximo a la ruta 77, cerca del límite con Santiago del Estero. Entre ellos, dos jóvenes de 17 años dormían en el suelo con mantas y utilizaban recipientes como baños.
Muchos de los rescatados eran de Los Juríes (Santiago del Estero), y relataban que cobraban unos $300.000 por quincena, aunque parte del dinero se les descontaba por la comida. Algunos no tenían documentos ni sabían leer o escribir.
En un segundo campo, identificado como “La Revancha e Isabelliana S.A.”, se encontraron otros cinco trabajadores en circunstancias similares. A partir de esta evidencia, la fiscalía solicitó allanamientos y registros judiciales, autorizados por el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz.
Durante los operativos se incautaron teléfonos móviles y un cuaderno con registros, que serán analizados por los peritos. Dos personas fueron señaladas como posibles responsables del sistema de explotación.
El Ministerio Público Fiscal activó los protocolos de asistencia, incluyendo apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, el municipio de Tostado y el Programa Nacional de Rescate, junto con la Procuraduría de Trata (PROTEX), para brindar atención médica, psicológica y legal a las víctimas.
El caso se encuadra dentro de la Ley 26.364, que sanciona la trata con fines laborales, agravando las penas si involucra menores, grupos organizados o múltiples víctimas.
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