Finalmente, y tras la decisión de la Corte Suprema, el Gobierno confirmó a través de un comunicado que autorizó la extradición a Estados Unidos de Federico “Fred” Machado, en la causa que lo tiene como principal apuntado por narcotráfico, asociación ilícita, lavado de activos y fraude electrónico.

El caso se tramita en el Distrito Este de Texas, donde un Gran Jurado Federal imputó a Machado y a otras ocho personas.

“La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de la causa donde se investiga la comisión de delitos federales”, señalaron en el comunicado.

Y añadieron:: “El Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley”.

Entre los cargos figuran la posesión y distribución de al menos cinco kilos de cocaína, la asociación ilícita para lavar dinero y la conspiración para cometer fraude electrónico.

La defensa de Machado, representada por Norberto F. Oneto y Roberto Rallin, presentó objeciones sobre la imparcialidad del juez, la supuesta violación del principio de igualdad de armas y la constitucionalidad de la ley de extradición, que fueron rechazadas por la Corte.

Fred Machado habló por primera vez tras el escándalo: “El error de Espert fue negarme”

Machado está vinculado al diputado José Luis Espert, quien admitió haber recibido USD 200.000 del empresario por asesorías en un proyecto minero y utilizado aviones privados financiados por él durante su campaña presidencial de 2019.

La Corte ratificó la extradición y Machado permanece en prisión domiciliaria.

Ahora, el Poder Ejecutivo deberá decidir en un plazo de diez días si concede o rechaza la entrega, pudiendo hacerlo por razones de soberanía, seguridad o interés nacional.

La Justicia Electoral le pidió al Gobierno que informe el costo de reimpresión de boletas y si tiene los fondos