Uruguay marcó un antes y un después en la región: el Senado aprobó este miércoles la ley que despenaliza la eutanasia, y se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar el acceso a una muerte asistida, segura y voluntaria.
La norma establece que podrán solicitarla personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, que padezcan enfermedades incurables o irreversibles que deterioren gravemente su calidad de vida. “Es una ley para quienes viven un sufrimiento insoportable y quieren ponerle fin de forma digna”, afirman sus impulsores.
El proyecto contempla un procedimiento riguroso, con ocho etapas que incluyen la intervención de dos médicos independientes y entrevistas sucesivas con el paciente, quien debe ratificar su decisión y expresar su “última voluntad”.
La votación generó divisiones internas incluso dentro de los principales partidos tradicionales. Legisladores como Graciela Bianchi (Partido Nacional) y Andrés Ojeda (Partido Colorado) anticiparon su voto favorable. Otros, como Robert Silva, se ausentarán para ceder su lugar a suplentes que apoyan el texto, como Ope Pasquet, su principal promotor.
En el recinto estuvo Beatriz Gelós, docente de 71 años con ELA, cuya historia se convirtió en símbolo del debate. “No puedo abrazar a mis nietos ni beber agua por mí misma”, relató. Su presencia es un recordatorio de lo que está en juego: el derecho a elegir cómo y cuándo terminar el sufrimiento.
Junto a ella, organizaciones como Empatía Uruguay y Tenemos ELA respaldaron la iniciativa, mientras que grupos como Prudencia Uruguay expresaron su rechazo por motivos éticos y religiosos.
Para unos, es un paso hacia una sociedad más libre y compasiva. Para otros, una frontera moral que no debería cruzarse. Pero lo cierto es que Uruguay se convirtió en referente regional en derechos al final de la vida.
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