En Argentina, la mayoría de las causas penales no recibe ningún tipo de "respuesta de calidad".
Así lo revela el informe publicado este martes con datos del 2023 que recopiló el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), donde evaluó el desempeño de los Ministerios Públicos Fiscales (MPF) a través de su “Ranking de eficacia político-criminal”.
El análisis se basa en la proporción de casos ingresados que concluyen con una condena, una suspensión de juicio a prueba o un acuerdo reparatorio.
Según el estudio, ninguna fiscalía del país alcanzó siquiera el 20% de eficacia. En cambio, más del 80% de las causas quedan sin resolución, archivadas o descartadas sin ofrecer una mínima compensación a las víctimas.
Chaco (16,66%), Jujuy (14,26%) y Neuquén (13,08%) lideran el ranking, mientras que San Luis (1,32%), Catamarca (1,83%) y La Rioja (1,94%) están al fondo.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación logró apenas un 2,79% de eficacia, y Buenos Aires, el distrito con más causas, llegó a 3,54%.
El informe también señala un grave déficit de transparencia. Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán no publican datos básicos ni respondieron solicitudes de información, lo que el INECIP califica como un “apagón informativo” y una posible estrategia deliberada para ocultar el desempeño institucional.
Si bien algunas jurisdicciones han mejorado sus metodologías estadísticas, el balance general es preocupante: la mayoría de las fiscalías no planifica su política de persecución penal, no mide su desempeño ni garantiza el derecho a la información pública.
Para el INECIP, esta ineficacia no es solo un problema técnico o burocrático: pone en riesgo la función democrática del sistema penal y contribuye a la deslegitimación institucional.
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