La Corte Suprema, en una composición especial que incluyó conjueces, dictó un fallo que obliga a los tribunales inferiores a fundamentar de manera precisa la prórroga de la prisión preventiva en casos de delitos de lesa humanidad.
La decisión se centró en Carlos “Indio” Castillo, exmiembro de la CNU, condenado a prisión perpetua desde 2017 y actualmente en un nuevo juicio.
El tribunal sostuvo que no basta con la gravedad del delito para justificar la detención prolongada. Se deben considerar “indicios concretos” sobre la capacidad del acusado para evadir la justicia, entorpecer la investigación o amenazar testigos, así como su edad y condiciones físicas y mentales. La Corte recalcó que la prisión preventiva es excepcional y requiere una argumentación rigurosa para limitar el derecho del imputado a transitar el proceso en libertad.
El fallo fue dividido: Rosatti y Rosenkrantz convocaron conjueces para lograr mayoría, mientras Lorenzetti se pronunció en contra. La decisión generó preocupación en tribunales y organizaciones de derechos humanos, ya que podría motivar pedidos de libertad de represores sin condena firme. Según el Servicio Penitenciario Federal, 36 imputados y 28 condenados se encuentran en esta situación en Campo de Mayo.
Especialistas advierten que el fallo reabre el debate entre garantías individuales y justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, mientras la Corte mantiene años de demoras en revisar condenas firmes, prolongando la incertidumbre sobre el cumplimiento efectivo de la ley.
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