Desde la asunción de Javier Milei en 2023, la Justicia federal y nacional atraviesa un déficit histórico: 83 magistrados, entre jueces, fiscales y defensores, presentaron su renuncia.

En contraste, durante estos dos años no se concretó ninguna designación significativa: solo se emitieron decretos para Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, que nunca asumieron, y para dos magistrados que renovaron su acuerdo con el Senado tras cumplir 75 años.

El resultado es un déficit acumulado de 79 jueces y vacantes que alcanzan el 37% del total de cargos, un récord desde la vuelta a la democracia.

La mayoría de los pliegos ya están en manos del Poder Ejecutivo, pero la negociación política con el Senado mantiene paralizada la cobertura de los puestos.

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En 2025, las renuncias alcanzaron su punto más alto desde 2020, con 54 bajas, mientras que 2024 cerró con 29.

Sorprendentemente, este año predominan las renuncias de magistradas: 29 frente a 25 hombres. Los fueros más afectados son el de Trabajo, el Criminal y Correccional de Capital Federal y el Comercial.

El temor a cambios en el régimen jubilatorio explica gran parte de las renuncias, que incluyen magistrados de entre 56 y 66 años. La falta de designaciones también impacta cargos clave, como el del Procurador General, que sigue en manos interinas de Eduardo Casal desde 2017.

Con 609 cargos en juego y un sistema judicial que opera con 35% de vacantes en jueces, la parálisis genera retrasos y dificulta la administración de justicia en delitos comunes y complejos.