La frase apareció pegada en paredes porteñas como una advertencia: “Destino Tucumán, paraíso penal para violadores”. No fue un eslogan turístico ni una provocación aislada, sino el síntoma de un hartazgo que encontró en el femicidio de Érika Antonella Álvarez un punto de quiebre.

Érika fue asesinada entre el 7 y el 8 de enero de 2026 en Yerba Buena. La investigación sostiene que murió tras una agresión física extrema dirigida a zonas vitales de su cuerpo. Luego, su cadáver fue envuelto en bolsas de consorcio, atado y abandonado en un basural de El Manantial Sur. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue un traumatismo cráneo-facial y cervical producido por violencia de terceros.

Felipe Sosa es el único acusado. Sin embargo, lejos de avanzar hacia una imputación acorde a la gravedad del hecho, el Ministerio Público Fiscal avaló la recalificación del femicidio como homicidio simple. La querella, con Carlos Garmendia al frente, acompañó. La decisión encendió alarmas dentro y fuera de la provincia.

A partir de allí, comenzaron a emerger datos que profundizan las sospechas. El nombre de Justina Gordillo, presecretaria de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, empezó a circular con fuerza. La hermana de la víctima declaró que Gordillo había contactado a Érika días antes del crimen. También aportó detalles sobre reuniones nocturnas en domicilios vinculados a Sosa, consumo de drogas y un circuito de encuentros que aún no fue investigado a fondo.

Otros testimonios suman elementos inquietantes: el traslado de una camioneta con una caja fuerte destinada al acusado, pasajes aéreos a Buenos Aires cancelados tras la detención y el arresto de Sosa en un hotel de Pilar, con bienes adquiridos en efectivo.

El pasado del imputado tampoco es ajeno a la violencia. Su ex pareja lo denunció en reiteradas oportunidades por amenazas y agresiones. En la audiencia actual pidió protección y aseguró temer represalias.

El asesinato de Érika no es un hecho aislado. Para muchos, es la prueba visible de un sistema judicial que archiva denuncias, reduce responsabilidades y deja a las víctimas al margen.