Tras diez meses de internación, Pablo Grillo pudo regresar a su casa y retomar actividades básicas, pero continúa su recuperación en el Hospital Manuel Rocca.
Aprovechando este avance, presentó un escrito ante la jueza María Romilda Servini para sumarse como querellante particular y garantizar que su familia mantenga “su lugar de representantes legales” durante el proceso.
La acción judicial busca responsabilizar a los funcionarios que, según la querella, “con sus acciones u omisiones, contribuyeron al accionar de Guerrero”, incluyendo jefes de grupo, comisarios y el director nacional de la Gendarmería.
La lista también nombra a Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad, y a quienes cerraron la investigación interna sin justificación, lo que la familia considera un intento de encubrir responsabilidades.
El escrito señala que el disparo que impactó en la cabeza de Grillo fue el cuarto de seis efectuados por Guerrero y sostiene que si los superiores hubieran intervenido antes, “hoy Pablo estaría completamente sano”.
Además, advierte sobre el impacto de las declaraciones mediáticas de Bullrich, que intentaron “instalar una versión falsa de lo ocurrido”, generando “seria preocupación y angustia” en la víctima y su entorno.
La querella busca esclarecer no solo el hecho concreto, sino también la falta de supervisión y la posible construcción de narrativas que desviaron la investigación de la verdad.
Comentarios recientes