Una investigación judicial comenzó a desplegarse sobre el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) a partir de una denuncia que apunta a un posible circuito de corrupción interna.
El fiscal federal Ramiro González formalizó la acción penal y solicitó diversas medidas para reconstruir el funcionamiento del organismo y verificar si existieron maniobras de administración irregular.
El expediente se activó tras una presentación realizada por la diputada Marcela Pagano y cobró impulso luego de la detención del extitular del ORSNA, Facundo Leal, en otra causa vinculada a ARSAT. Según la hipótesis, la estructura que respondía al exfuncionario habría continuado operativa.
Uno de los focos está puesto en la evolución patrimonial de los funcionarios. La fiscalía pidió informes sobre Leal; la actual presidenta, Noelia Florencia Ruiz; la vicepresidenta, Lucila Belén Pagani, y el “controller” Facundo Gaitán, con el objetivo de contrastar ingresos con las denuncias de posibles irregularidades.
También se requirieron los legajos personales para analizar designaciones, antecedentes y niveles salariales, ante sospechas de cambios estructurales que habrían concentrado funciones clave.
Otro eje central es el manejo de obras financiadas por el fideicomiso del sistema aeroportuario. Se investiga la adjudicación reiterada a un grupo reducido de empresas y se solicitó información detallada sobre licitaciones, certificaciones y pagos desde 2025.
La denuncia menciona un presunto mecanismo de retornos del 10% para habilitar trámites, mientras que organismos de control como la SIGEN y la AGN deberán informar si detectaron irregularidades.
Además, se busca establecer si las prácticas investigadas replican mecanismos utilizados en la gestión previa de Leal, incluyendo el desplazamiento de personal y la concentración de decisiones en un círculo reducido.
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