La organización Amnistía Internacional Argentina judicializó al municipio bonaerense tras la confirmación oficial de un esquema aplicado en que agrega pasos no previstos por la Ley 27.610. El caso incluye testimonios de pacientes, prácticas de “contención” con muñecos y objetos religiosos, y cuestionamientos por demoras, confidencialidad y falta de publicidad del protocolo.