Amnistía Internacional Argentina presentó una demanda judicial contra la Municipalidad de San Isidro por aplicar un protocolo interno en hospitales municipales que introduce obstáculos para el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
La presentación se basa en una investigación previa, testimonios de pacientes y la confirmación oficial en el expediente tramitado en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.° 2 de San Isidro. Allí, el municipio admitió haber permitido la aplicación de un circuito paralelo de atención.
De acuerdo con la denuncia, el procedimiento incluye instancias no contempladas por la Ley 27.610, como consultas psicológicas obligatorias, intervención de equipos sociales y prácticas orientadas a “ratificar la decisión ya expresada”, lo que la ONG considera una forma de demorar o condicionar el acceso.
Entre los testimonios incorporados al expediente, una paciente relató que fue derivada a un espacio llamado “Maternidades vulnerables”, donde le mostraron un muñeco y le hicieron pasar un momento de fuerte impacto emocional.
“Cuando llegué me derivaron a un consultorio llamado ‘Maternidades vulnerables’. Me mostraron un muñeco y me hicieron llorar”, describió uno de los testimonios.
Otra mujer señaló que le exhibieron una estatuilla de la Virgen y le sugirieron que “tal vez esta es la hija que te faltaba”, además de pedirle que “conectara” con su embarazo.
En ese sentido, la organización sostiene que estas intervenciones pueden funcionar como mecanismos de presión para modificar la decisión de interrupción del embarazo, afectando la autonomía de las personas gestantes.
El protocolo también es cuestionado por concentrar la atención en el Hospital Materno Infantil, ya que, según la denuncia, “impide que las interrupciones del embarazo sean garantizadas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”.
A su vez, se advirtieron posibles afectaciones a la confidencialidad médica y al secreto profesional, así como riesgos para los equipos de salud.
La directora ejecutiva de la organización en Argentina, Mariela Belski, afirmó que “la Ley 27.610 es clara y ningún municipio puede pretender reescribirla ni imponer obstáculos adicionales”.
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